• Evitarán que constructoras entreguen casas o departamentos con fallas estructurales

El pleno aprobó por 289 votos reformas al artículo 73 Quáter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que quienes adquieran una vivienda cuenten con una garantía de no menos de 5 años, en caso de fallas estructurales, y hasta 3 años por impermeabilización.

El dictamen de la Comisión de Economía, impulsado por el diputado Aarón Irízar López (PRI), sostiene que los defectos en bienes inmuebles se encuentran ocultos y no se hacen evidentes hasta pasado el tiempo de garantía que ofrecen algunos desarrolladores, lo que afecta el patrimonio de las familias.

Precisa que para los demás elementos de la vivienda la garantía mínima será de un año. Todos los plazos serán contados a partir de la entrega real del bien inmueble.

Durante su participación, el legislador del grupo parlamentario del PRI, Miguel Ángel García Granados, explicó que entre los principales reclamos de quienes adquieren una vivienda son los vicios ocultos que hay en la elaboración de sus estructuras, los cuales, en la mayoría de los casos, se presentan posteriores a un año.

“Con esto brindaremos la seguridad a quien adquiera un bien inmueble una temporalidad mínima de reparación por parte de la inmobiliaria, en caso de falla”, precisó.

En su turno, la legisladora del PAN, Norma Sánchez Romero, consideró que este cambio ayudará a la protección del consumidor, ya que “cuando una persona adquiera una casa o un departamento se le podrá garantizar que el bien no cuente con vicios ocultos”.

Afirmó que es un importante paso en la protección del patrimonio de las familias, ya que antes las garantías de construcciones difícilmente pasaban de un año, mientras que de otro tipo de bienes, como aparatos electrodomésticos y vehículos, llegan hasta dos años.

Por su parte el diputado Ramón Jiménez López, del grupo parlamentario del PRD, dijo que esta reforma elimina uno de los problemas a los que se enfrentan los consumidores, debido a que por avaricia, incompetencia o reducción de costos, se ofertan bienes que no cumplen las normas oficiales de construcción o no tienen la calidad de materiales adecuada.

“Con el tiempo las viviendas se deterioran generando costos adicionales al consumidor, quien con esfuerzo adquirió su patrimonio”, indicó.

El diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) señaló que esta reforma constituye un importante avance en la defensa de los derechos de los consumidores, ya que otorga un plazo de garantía con el cual no se contaba.

De igual forma, la diputada Laura Itzel Castillo Juárez (PT) advirtió que muchas personas que han adquirido viviendas padecen las consecuencias de la mala construcción. “No es posible que desde las instituciones se estén financiando y que no haya un supervisión que verifique que lo que se construye sea lo adecuado”, concluyó.

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