La Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta que expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, cuyo propósito es establecer mecanismos para facilitar la organización y la expansión del sector social de la economía, así como la responsabilidad del fomento e impulso por parte del Estado.

En el documento, avalado en lo general por 238 votos, define las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento del sector social de la economía, como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo del país, a la generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución del ingreso y a la mayor generación de patrimonio social.

Se indica que las formas de organización social que integrarán al sector serán ejidos, comunidades, organizaciones de trabajadores, sociedades cooperativas, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores, y en general, todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Además, se crea el Instituto Nacional de la Economía Social como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tendrá como objeto definir e instrumentar políticas públicas de fomento al sector social, con el fin de fortalecerlo como uno de los pilares del desarrollo del país, a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos.

Subraya que es necesario establecer una Ley marco de la economía social y solidaria, que estructure en forma coherente y oriente las políticas públicas de fomento al Sector Social de la Economía, así como buscar los medios para mejorar la armonización de la legislación federal y estatal que regula las distintas formas asociativas que integran el sector.

“La presente reforma constituye un avance significativo en el impulso al desarrollo del país, por lo que contribuye en el mejoramiento de sus condiciones de bienestar y calidad de vida, así como para satisfacción en conjunto de sus necesidades económicas”.

Fueron desechadas dos reservas a los artículos 16 y 25 presentadas por la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (PAN) y se aprobaron en los términos del dictamen por 177 votos a favor 5 abstenciones y 75 en contra. Fue enviado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

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