• Por primera vez se expide una ley para la protección de los testigos protegidos

• El objetivo es combatir con mayor eficacia la delincuencia organizada

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad expedir la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, cuyo objetivo es garantizar la protección de testigos, colaboradores y servidores públicos que intervienen en la investigación y persecución del delito, así como en el enjuiciamiento de los inculpados.

El dictamen, aprobado por 335 votos, detalla que se busca garantizar su protección cuando se encuentren en situación de riesgo o peligro por su participación o como resultado de la investigación.

Subraya que la figura de los testigos colaboradores se ha convertido en la base para la investigación y enjuiciamiento de los delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Humberto Benítez Treviño (PRI), señaló que se trata de expedir la primera ley para la protección de los testigos protegidos, técnicamente conocida como la Ley Federal para la Protección de las Personas que Intervienen en un Procedimiento Penal.

Explicó que la ley consta de 50 artículos y cuatro transitorios y llena una laguna, ya que no existía un sistema de protección a los testigos protegidos, en la cual se distingue lo qué es víctima del delito, ofendido, testigo incidental y testigos colaboradores.

Enfatizó que es una ley moderna y novedosa porque establece los presupuestos para ingresar al sistema, al programa y crea un órgano desconcentrado de la Procuraduría General de la República (PGR) que es el Centro Federal de Protección a las personas que intervienen en un procedimiento penal.

Agregó que se instituyen los requisitos para ingresar a este programa, la duración, mecanismos, apoyos; porque establece la presencia de un Centro con el grupo multidisciplinario que es el que califica los requisitos para ingresar, la duración, factores para su terminación y los mecanismos de operación.

El diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI) comentó que esta norma contiene garantías, procedimientos y medidas de protección a testigos, jueces, agentes del Ministerio Público, peritos y agentes policiacos que de alguna manera intervienen en el proceso penal. También regula la actividad de los testigos colaboradores.

Detalló que la posibilidad de la creación de un centro integral permitirá identificar a la persona con posibilidad de ser considerado como testigo protegido.

“Sabemos que con la creación de estas normas le estamos dando al Estado mexicano un instrumento jurídico que le permitirá combatir con mayor eficacia la delincuencia organizada. Estamos protegiendo de manera más intensa, no solamente a las víctimas u ofendidas de los delitos, sino también a las personas que intervienen en el procedimiento penal”, dijo.

El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez (PAN) señaló que este nuevo ordenamiento permitirá erradicar la impunidad de actos delictivos, ya que será fundamental para obtener testimonios de personas que conocen los hechos de un juicio y que actualmente no se presentan ante las autoridades por el miedo las represalias.

Resaltó que se incrementará la credibilidad de la sociedad en la impartición de justicia y el fomento a la denuncia de hechos delictivos para su disminución.

La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (PRD) refirió que de acuerdo con cifras oficiales, la PGR utiliza testigos protegidos en 80 por ciento de las averiguaciones previas, lo que anualmente le cuesta al erario público alrededor de 13 millones de pesos, es decir, el gobierno paga mensualmente 14 mil pesos por cada testigo protegido. Sin embargo, dijo, se desconoce el número exacto de testigos protegidos que han sido asesinados desde 1996 por carácter de protección.

Indicó que con la nueva norma se regulará esta figura y la autoridad podrá contar con mecanismos suficientes para investigar, procesar y sancionar de manera eficaz los delitos de delincuencia organizada, sin atropellar los derechos fundamentales y brindar protección a víctimas, testigos o peritos que lo requieran dado su estado de vulnerabilidad.

En su turno, el diputado Pablo Escudero Morales (PVEM) resaltó que con esta ley se va a transparentar y a rendir cuentas respecto a los testigos protegidos.

“Es una ley de vanguardia, un gran avance y una herramienta que se le está dando a la Procuraduría para el combate a la delincuencia y al crimen organizado”, puntualizó.

El diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) consideró que es una ley novedosa en el derecho mexicano, porque protege, no solamente a los testigos, sino también a las víctimas y servidores públicos que intervienen en la investigación, persecución o procesamiento de los delitos.

Consideró que el éxito de esta norma dependerá de su aplicación, y el profesionalismo de los servidores públicos, así como del respeto a la dignidad de las personas.
El diputado Pablo Escudero Morales (PVEM) reservó para su discusión en lo particular de los artículos 4, 5, 13 y 37 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; así como del 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Los cuales fueron avalados en términos del dictamen con 329 votos en pro, cero en contra y dos abstenciones.

Se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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