• Este delito se ha incrementado en diversos estados

La Cámara de Diputados aprobó por 294 votos reformas al artículo 395 del Código Penal para que quien despoje un bien inmueble se le aplique pena de tres a doce años de prisión y multa del 30 a 50 por ciento sobre el valor catastral del mismo.

Actualmente se establece una multa de cincuenta a quinientos pesos, lo cual es insuficiente, precisa el dictamen de la Comisión de Justicia.

Subraya que el delito se ha incrementado en algunos estados de la República.

La reforma busca proteger también el robo de aguas, principalmente de cauces, ya que en ocasiones es aprovechado este recurso por particulares, lo cual perjudica a la ciudadanía.

El diputado Eduardo Yáñez Montaño, del grupo parlamentario del PRI, señaló que el objetivo es disminuir la comisión de este tipo de delitos, los cuales han aumentado.

El diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI) dijo que, en el caso de despojo de agua, el dictamen responde a la necesidad de garantizar que el agua y los cauces estén bajo el control de la Federación como lo dictamina la ley. “Se sancionará de forma adecuada a quienes cometan delitos de esta naturaleza”, subrayó.

La diputada Oralia López Hernández (PAN), promotora de la reforma, afirmó que grupos delictivos se han dado a la tarea de hacer este tipo de acciones en contra de familias mexicanas, aprovechando su fuerza y estrategias legales para despojarlos de sus bienes, por lo que consideró que esta modificación podrá sentar las bases para que los estados modifiquen sus códigos penales.

“Hay tristeza en familias que sufren angustia e impotencia al ver que SUpatrimonio se ve amenazado por gente sin escrúpulos y dañan sus bienes”, agregó.

El diputado del PRD, Israel Madrigal Ceja, afirmó que la actual ley es insuficiente para sancionar a los grupos que se organizan para despojar del patrimonio a sus propietarios, los cuales se ven en la necesidad de emprender acciones legales, largas y complicadas.

“La realidad es que existen grupos que usan la violencia física y moral para despojar bienes inmuebles”, indicó.

Por su parte, el diputado Pedro Vázquez González, coordinador del grupo parlamentario del PT, consideró que el aumento de las penas privativas de la libertad no contribuirá a la disminución del delito, además de que la pena es totalmente desproporcionada, ya que en ocasiones el delito se comete por una necesidad de vivienda.

“El despojo de inmuebles se debe a la falta de acceso a vivienda y los escasos créditos a los que las personas pueden recurrir para la compra de su casa”, añadió.

Jaime Cárdenas Gracia (PT), enfatizó que este tipo de castigo es contrario a la proporcionalidad de la pena, ya que no da posibilidad de libertad bajo fianza, además que la pena pecuniaria es excesiva.

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