• Permitirá mejorar los trámites y servicios públicos

• Contrarresta problemas de lentitud y burocracia

La Cámara de Diputados aprobó la expedición de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, para mejorar los trámites y servicios públicos entre instituciones y ciudadanos, y consecuentemente, inhibir la práctica de actos de corrupción.

En el dictamen a la minuta, aprobado por 308 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, se busca asimismo reducir la discrecionalidad, incrementar la transparencia y hacer eficiente la gestión gubernamental, pues habrá un ahorro en materia de recursos humanos y financieros.

Se subraya que con la creación de la ley se tendrá un marco jurídico que regule la Firma Electrónica Avanzada, utilizada por los servidores públicos y particulares en los trámites, servicios y procedimientos administrativos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de la Procuraduría General de la República y las unidades administrativas de la Presidencia de la República.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Economía, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (PRI) dijo que la minuta permite contrarrestar problemas de lentitud y burocracia, ya que facilita la comunicación entre servidores públicos, así como la interacción entre el gobierno y la ciudadanía, al evitar traslados donde se encuentran las instituciones públicas.

Mencionó que su expedición será trascendental en el avance de la simplificación administrativa y elevará el nivel de competitividad del país, pues sus disposiciones fomentarán la agilidad, seguridad, certeza jurídica y reducirán costos, tanto para la Administración Pública como para los particulares.

Guajardo Villarreal indicó que se faculta al Ejecutivo a suscribir convenios de coordinación con el Poder Legislativo y el Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos, los gobiernos municipales y las entidades federativas, para que puedan interactuar entre ellos utilizando certificados digitales.

“Hoy fortalecemos a la Administración Pública, dotándola de una herramienta que será un parteaguas para la comunicación en el sector público, y pondrá a México en las mejores prácticas internacionales”, agregó.

El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González (PVEM) resaltó que la ley representa un avance en los esfuerzos por la mejora de gobierno, los trámites y los servicios que éste ofrece, a través del desarrollo de un gobierno electrónico mucho más eficiente.

Afirmó que su expedición se convierte en un componente básico de los esfuerzos para promover, efectivamente, un gobierno electrónico. “La Firma Electrónica permitirá generar beneficios al gobierno y sociedad a través de diversos aspectos en materia de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, seguridad jurídica y el uso intensivo de tecnologías de la información en el gobierno”.

Por el PRD, el diputado Juan Carlos López Fernández expresó que esta herramienta significa e implica la agilidad de los trámites y, sobre todo, la confianza como usuarios en temas del servicio público.

Mencionó que la aprobación y la aceptación de esta ley moderniza, en términos de la Administración Pública Federal, esquemas de innovación y nuevas tecnologías de información.

El diputado Marcos Pérez Esquer (PAN), subrayó que uno de los grandes retos actuales de las administraciones públicas es construir gobiernos que hagan uso eficiente de las tecnologías de la información para facilitar, agilizar y mejorar el quehacer público.

Destacó que la instrumentación de un marco jurídico que regule el uso de la Firma Electrónica Avanzada posibilita que los servidores públicos y los particulares tengan una comunicación ágil, sencilla y segura en los trámites, servicios y procedimientos administrativos, inhibe actos de corrupción, reduce la discrecionalidad e incrementa la transparencia.

A su vez, el diputado Josué Cirino Valdés Huezo (PRI) dijo que el país no puede sustraerse de los adelantos tecnológicos y de los beneficios en cuestión de tiempo y menor tramitología, pues la ley crea y administra un sistema de trámites electrónicos a fin de que los particulares puedan interactuar con las dependencias.

Precisó que para evitar el uso indebido de los certificados digitales y consecuentemente de la Firma Electrónica Avanzada, se incorpora un apartado relativo a las responsabilidades y sanciones en que pueden incurrir servidores públicos y particulares que contravengan la ley.

Aprobado en lo general y particular el decreto que expide la Ley de Firma Electrónica Avanzada, se remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Posteriormente, concluyó la sesión y se citó para el martes 29 de noviembre, a las 11:00 horas.

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