A fin de que los trabajadores obtengan un segundo crédito para adquirir una vivienda, la Cámara de Diputados reformó hoy la Ley del INFONAVIT, durante una sesión en la que también aprobó un dictamen tendiente a incrementar la generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables, y otro para castigar hasta con prisión vitalicia a los secuestradores.

Asimismo, los diputados avalaron exhortar al Ejecutivo para integrar un fondo de 10 mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por contingencias climatológicas en 19 estados del país, y a la Secretaría de Economía para que detenga la desgravación arancelaria programada para el 11 de diciembre hasta que la República Popular de China contrarreste la distorsión de precios de sus productos que provocan un comercio desleal.

Las reformas a la Ley del INFONAVIT fueron enviadas al Senado de la República y establecen, además, que los créditos actuales puedan ser en pesos o veces en salarios mínimos, y que las personas que han aportado a ese instituto y que nunca ejercieron un crédito puedan recuperar ese dinero.

De esta forma, los trabajadores jubilados que se encuentran bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, que no hicieron uso de su crédito para la vivienda, reciban en una sola exhibición los recursos de los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda a partir del cuarto bimestre de 1997, así como los rendimientos generados. El documento fue aprobado con 290 votos a favor, 42 en contra y cinco abstenciones.

Reformas a la Ley para prevenir y sancionar el secuestro

También se aprobó reformar la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de Secuestro, para establecerlo como grave y que se persiga de oficio, además de fijar mayores penas.

El documento aprobado en lo general, con 309 votos a favor, 12 en contra y 5 abstenciones, plantea la creación de un fondo de apoyo a las víctimas con recursos previstos en los Presupuestos de Egresos de la Federación o de las entidades federativas y del Distrito Federal.

Las reformas avalan penas que van de 40 años de cárcel hasta prisión vitalicia y multa de 10 mil a 12 mil días de salario mínimo cuando los autores o partícipes del secuestro priven de la vida a su víctima.

Asimismo, aplica una sanción de 35 años a prisión vitalicia y de 6 mil a 9 mil días de multa, cuando ejerzan actos de tortura o violencia sexual en contra de la víctima, o cuando ésta fallezca durante o después de su cautiverio por cualquier alteración de su salud.

Se establece la aplicación de 30 a 55 años de prisión y de 5 mil a 8 mil días de multa cuando los autores del delito sean o hayan sido miembros de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, de prevención o readaptación social o de las fuerzas armadas.

Plantea de 25 a 45 años de prisión y de mil a 4 mil días de multa cuando el secuestro se efectúe en camino o vía pública; en lugar solitario o desprotegido; que se realice por dos o más personas; que se lleve a cabo con violencia, o se allane el inmueble donde se encuentra la víctima.

Asimismo de 30 a 50 años de prisión y de mil 500 a 4 mil días de multa cuando la víctima sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta años; no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, o sea una mujer en estado de gravidez notoria.

Generación de energía eléctrica mediante fuentes limpias

Los diputados avalaron también un dictamen para que se promueva e incentive la generación de energía eléctrica, mediante fuentes renovables, destinada al autoabastecimiento en inmuebles de la federación, estados, municipios y alumbrado público.

Con 293 votos a favor, 31 en contra y una abstención, aprobaron la adición de una fracción VII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para que la Secretaría de Energía las promueva en la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable.

En el documento se indica que el objetivo es que los estados y municipios tengan ahorros significativos en sus finanzas públicas al autoabastecerse con fuentes de energía más limpias y económicas que el fluido que compran a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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