• Se llevó a cabo el foro “Conmemoración de la Promulgación de la Libertad de Culto”

En el marco de la conmemoración del 151 Aniversario de la Promulgación de la Libertad de Culto, diputadas del PRI y PVEM se manifestaron por salvaguardar los derechos humanos de quienes son obligados a dejar su hogar por intolerancia religiosa.

Al participar en un foro sobre el tema, en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada Janet Graciela González Tostado (PRI) dijo que México no debe ser una nación intolerante en materia religiosa, pues la Constitución reconoce el respeto absoluto a la libertad de creencias.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación (Segob), expresó, hay más de 225 casos de intolerancia y discriminación religiosa ocurridos en México durante los últimos cinco años, que van desde el asesinato hasta la expulsión de niños de escuelas, amenazas, robos, despojos, violaciones de mujeres, privación ilegal de la libertad y otros que quedan en la impunidad.

Mencionó que en 2003, el gobierno mexicano aceptó una serie de recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que reconoce la figura de desplazados internos, “pero desafortunadamente no se ha hecho nada”.

Se calculan, precisó, 29 mil 200 probables desplazados internos, pero la cifra oficial actual es de nueve mil 925, por lo que es necesario, añadió, que el Poder Legislativo actúe con reformas al marco jurídico en donde se retome la recomendación de la ONU e incluir el concepto de desplazados internos.

González Tostado externó la necesidad de construir una verdadera laicicidad en la educación, “si bien es cierto que la enseñanza pública debe ser laica, en la práctica no siempre es así, ya que bajo el argumento de tradiciones, a las y los niños se les obliga a participar en actos totalmente religiosos, como las ofrendas de muertos o fiestas patronales”.

Abundó que éste es un tema que atenta contra la libertad de culto, ya que en caso de que los estudiantes no participen reciben sanciones en sus calificaciones o son expulsados de los planteles, de ahí que se debe trabajar con las secretarías de Educación, federal y estatales, “para evitar este tipo de actos que atentan totalmente contra la libertad religiosa”.

Otro tema que se debe revisar, puntualizó, es el de la participación de las organizaciones religiosas en la vida pública. “Entiendo la prohibición en la ley de que ministros de culto no pueden ser postulados a cargos de elección popular, sin embargo, nuestra sociedad ha avanzado y considero que es un tema que debemos abrir al debate; quizá no en el corto plazo”.

Resaltó que para nadie es secreto que comunidades de diferentes denominaciones religiosas participan con partidos políticos. “Abrir su participación en la vida pública ayudaría a la evolución del Estado, beneficiaría la vida pública y la participación social de la ciudadanía”.

En tanto, la diputada Rosario Brindis Álvarez (PVEM) argumentó que hablar de libertad religiosa “nos traslada a asesinatos, quemas de templos, expulsiones, robos, secuestro, discriminación al más alto grado de impunidad; para nuestra desgracia esto todavía no termina”.

Recordó que el 4 de diciembre de 1860 se estableció en la Carta Magna la Libertad de Culto, pero a partir de ahí, “ha habido grandes perseguidores que desde un escritorio o una institución están dispuestos a borrar todo intento por propagar la idea de que en nuestro país está consagrada la libertad religiosa”.

Cuando esta garantía se viola, explicó, “los personajes de bajo perfil hacen hasta lo imposible por negarlo, ocultan corruptamente los indicios y llegan a arreglos que fomentan la violencia, sobre todo en comunidades indígenas en donde la incultura y el fanatismo son caldo de cultivo para el hostigamiento y la discriminación”.

Brindis Álvarez mencionó que a lo largo de los años, quienes sufren persecución han aprendido que los derechos sólo se obtienen ejercitándolos. “Parecería que no hemos avanzado en 151 años; que la muerte de cientos de indígenas cristianos y evangélicos de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, Puebla y Michoacán sólo ha servido para rellenar las páginas de nota roja en los medios de comunicación”.

Denunció que en pleno Siglo XXI, cuando México ha signado documentos internacionales en materia de libertades y derechos humanos, siguen llegando a la Cámara de Diputados quejas de ministros de culto “a quienes los obligaron a firmar acuerdos en circunstancias muy desfavorables, pues no sólo violan su derecho religioso, sino ponen en riesgo la integridad de su familia y de su comunidad”.

Abundó que una demanda de quienes son desplazados, es cumplir con lo que establece el artículo 24 constitucional, ya que la autoridad local, municipal o federal no les da ningún apoyo cuando son expulsados de su territorio “por el delito de ser distintos, pensar diferente y vivir de una forma determinada”.

La legisladora del PVEM, enfatizó que es necesario que los ministros de culto denuncien a la autoridad competente cuando sus garantías estén siendo vulneradas y que la CNDH reconozca a las minorías religiosas como grupos en situación de vulnerabilidad.

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