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Boletín N°. 4420 Reforman la ley de amparo para dar mayor protección jurídica a menores e incapaces

La Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley de Amparo para que cualquier persona con capacidad legal pueda solicitar juicio de garantía a favor de menores de edad y de los incapaces.

Al argumentar el dictamen, que recibió 316 votos a favor y una abstención, el diputado Pedro Vázquez González (PT) dijo que los tribunales federales han considerado que el interés superior del menor no corresponde en exclusiva al padre o a la persona que ostenta la representación del menor, sino a la sociedad en forma genérica, “por tratarse de una cuestión de orden público de carácter colectivo”.

Abundó que estas modificaciones protegerán los derechos de los infantes.

El diputado Humberto Benítez Treviño (PRI), presidente de la Comisión de Justicia, precisó que con las modificaciones se hace posible la tutela de los menores, como lo establece el artículo 4 Constitucional respecto de la obligación a cargo del Estado de proveer lo conducente para preservar la dignidad y el respeto a los derechos de la niñez.

Agregó que debe darse prioridad a los menores de edad “porque actualmente se vulnera su dignidad jurídica”.

La diputada Sonia Mendoza Díaz (PAN) dijo que este dictamen ayuda a impulsar la evolución del juicio de amparo “para que siga siendo vanguardia en la protección de los derechos de las personas”.

Estas reformas, continuó, vienen a potencializar las medidas tutelares que ya existen en el juicio de amparo; en consecuencia, las normas que hoy se discuten atienden con notabilidad y justicia las disparidades sociales que existen y se equilibra la posible situación de 0desventaja en la que se puede encontrar un menor de edad.

El diputado Israel Madrigal Ceja (PRD) se pronunció a favor de las modificaciones “porque las reformas pretenden armonizar la Ley de Amparo para dar mayor protección jurídica a los menores e incapaces”.

Detalló que con la aprobación de este dictamen se podrá proporcionar protección y certeza jurídica a los menores e incapaces en los juicios de amparo, “ampliando la legitimización para que cualquier persona pueda promover juicio de garantías a favor de ellos”.

Se envió al Senado para sus efectos constitucionales.

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