Para garantizar el manejo integral de los residuos sólidos, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que establece que las entidades federativas y los municipios promoverán la inversión para el desarrollo de infraestructura y equipamiento.

El documento, aprobado con 304 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, adiciona la fracción XIII al artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y establece que el objetivo es proteger la salud, prevenir y controlar la contaminación ambiental.

En las reformas enviadas al Senado de la República para sus efectos constitucionales, se destaca que un alto porcentaje de los residuos generados en nuestro país son depositados en sitios no controlados produciendo daños a la salud, ambiente y paisaje.

Durante el año 2010 se generaron 39.05 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, de los cuales 61.2 por ciento se dispuso en rellenos sanitarios, 8.4 por ciento en sitios controlados, 26.1 por ciento en sitios no controlados (tiraderos a cielo abierto) y sólo el 4.2 por ciento fue reciclado, establece el dictamen.

Se incorporará el concepto de residuos electrónicos

El Pleno Camaral también aprobó reformas a diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos con el objetivo de incorporar el concepto de residuos electrónicos, así como establecer lineamientos para su manejo integral de los mismos, a fin de disminuir su impacto a la salud y al medio ambiente.

El documento aprobado con 337 votos en pro, cero en contra y cuatro abstenciones, refiere que hasta 2006 se generaban 257 mil toneladas de desechos electrónicos, muchos de los cuales contienen sustancias químicas, tóxicas y metales que no pueden ser eliminados o reciclados de forma segura.

La reforma turnada al Senado de la República para sus efectos constitucionales, precisa que a escala mundial la cantidad de basura electrónica oscila entre 20 y 50 millones de toneladas, según información emitida por el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente (PNUMA).

La descomposición y las sustancias que se generan en un tiradero pueden hacer que los metales o algunas de las otras sustancias que están en los aparatos electrónicos se liberen a la atmósfera o los mantos acuíferos.

El diputado Francisco Javier Orduño Valdez (PAN) señaló que adquirir equipos electrónicos es muy accesible para la población en general, por lo que es una práctica común abandonarlos o almacenarlos cuando todavía no han llegado al final de su vida útil, lo que ha generado importantes costos ecológicos.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho (PRD) mencionó que la falta de instrumentos para el control de estos residuos se ha convertido en un problema ambiental y de salud pública, por lo que se requiere establecer un esquema de regulación.

En su turno, el diputado Alejandro Carabias Icaza (PVEM) señaló que se busca garantizar el manejo adecuado de artículos electrónicos y promover la reutilización y el reciclaje de los componentes de estos aparatos.

El diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) consideró que la reforma no tiene respaldo en las normas superiores del sistema, por lo que se violenta el principio de supremacía constitucional y de validez jurídica. “Por esos motivos me abstendré de votar a favor de este dictamen”.

Unidades para manejo y conservación de la vida silvestre

La Cámara de Diputados reformó diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, a fin de reducir la pérdida de la biodiversidad mediante el fortalecimiento de las unidades para el manejo y conservación de la vida silvestre.

El documento, aprobado con 343 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones, refiere que el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (SUMA) se ha convertido en una red imposible de controlar, efectiva y operativamente, por la falta de inspectores. La reforma se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El diputado Alejandro Carabias Icaza (PVEM) indicó que estas unidades han sido un instrumento de la política de conservación que ha crecido de manera importante, ya que existen registradas 10 mil 600, que representan al 18 por ciento del territorio nacional.

Por su parte, el diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) mostró su preocupación porque la Semarnat pueda negar el registro de estas unidades cuando se contravenga lo establecido en las normas oficiales mexicanas “porque genera dudas con el fundamento constitucional”.

El diputado Jesús Giles Sánchez (PAN) dijo que las unidades de manejo son un esquema innovador en el aprovechamiento de la vida silvestre y con las reformas aprobadas se busca reforzar su operación.

En tanto, el diputado César Francisco Burelo Burelo (PRD) recalcó que para garantizar la conservación de los ecosistemas y de la viabilidad de la población de especies, la Semarnat debe autorizar el plan de manejo de estas unidades.

Servicios ambientales

El Pleno Camaral también aprobó reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para ampliar la gama de instrumentos económicos y de regulación que permitan el mantenimiento, mejora y financiamiento de los servicios ambientales,

La reforma aprobada con 328 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, tiene por objetivo de que los propietarios y legítimos poseedores de los terrenos donde se ubique los ecosistema y que realicen actividades de gestión ambiental cuenten con el derecho de transacción de los servicios que se generan en su terreno. Fue enviada al Senado de la República para sus efectos constitucionales

La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (PAN) subrayó la importancia de los servicios ambientales como instrumentos económicos que incentiven a los dueños de los terrenos para que protejan, conserven y manejen de manera sustentable los recursos naturales.

A su vez, la diputada Araceli Vázquez Camacho (PRD) enfatizó que el deterioro de los ecosistemas es alarmante, por lo que es necesario actuar de manera urgente. El concepto de servicios ambientales y la idea de recompensar a quienes permitan su provisión se centra “en que debemos tomar en cuenta a quienes influyen o afectan el uso de la tierra, especialmente a los que viven y trabajan directamente en esas áreas”.
-- ooOoo --