• Impulsarán Ley de Ejecución de Sanciones y de Reinserción Social

La Comisión de Seguridad Pública, que preside el diputado José Luis Ovando Patrón (PAN), aprobó el dictamen para garantizar los derechos de las madres que se encuentran recluidas por delitos cometidos, así como los de sus hijos.

La minuta que reforma diversos artículos de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, aporta las condiciones necesarias para garantizar los derechos humanos, así como el acceso a la educación y atención médica de las reclusas y de sus hijos.

Ovando Patrón mencionó que actualmente algunos centros penitenciarios del Gobierno Federal ya cuentan con espacios específicos destinados a este tipo de atenciones, aunque, aún falta mucho por avanzar en el tema del sistema penitenciario.

Esto es parte de los trabajos por impulsar la Ley de Ejecución de Sanciones y de Reinserción Social, que mejorará el manejo de cárceles, agregó.

“Estamos impulsando una ley que será un punto de quiebre en la lógica penitenciaria que vendrá a hablar de un nuevo sistema de cómo conducir las cárceles, tanto las estatales como las federales”.

Precisó que entre los efectos que se buscan es establecer nuevas normas penales, así como obligar a separar a los reos en sentenciados, procesados y por niveles de peligrosidad.

Aprueban exhortos

En la misma reunión los integrantes de la Comisión aprobaron exhortar a las autoridades de diversas entidades del país a evitar el desvío de recursos otorgados a través del subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (SUBSEMUN).

De igual forma, exhortaron a las autoridades estatales y municipales a emprender acciones para la homologación salarial y de prestaciones de los policías. En algunos municipios ganan en promedio 3 mil 600 pesos mensuales, a pesar de que ya se cuentan con los recursos para su nivelación salarial.

También aprobaron hacer un llamado al gobernador de Zacatecas, a fin de intensificar la búsqueda de las 8 personas de la ciudad de León, Guanajuato, que fueron privados de su libertad mientras regresaban de una cacería, por elementos de seguridad de un poblado de Zacatecas y entregados a presuntos Zetas.

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