Durante la sesión de hoy, el Pleno de la Cámara Diputados aprobó la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a fin de combatir las causas y factores que confluyen en la comisión de delitos.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Gobernación, diputado Javier Corral Jurado (PAN), dijo que los ejes fundamentales de la nueva ley son la prevención del delito, la violencia y delincuencia para abatir el proceso criminológico.

“Su pretensión más noble es la de prevenir, que es donde tenemos que afianzar las políticas públicas, pero obviamente en alentar la participación ciudadana y la organización social. Prevenir fundamentalmente que los jóvenes sean reclutados por la delincuencia organizada al darles oportunidades de acceso a su pleno desarrollo”, dijo.

Explicó que la nueva ley, que contiene 34 artículos, siete capítulos y tres transitorios, establece las bases de coordinación para la planeación, y estructuración de las políticas públicas en prevención social de la delincuencia.

Asimismo, para la planeación, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas entre la federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios y la articulación, coordinación y ejecución de programas, proyectos y acciones con el fin de combatir las causas y factores que confluyen en la comisión de delitos.

El diputado Humberto Benítez Treviño (PRI) enfatizó que ante la impunidad de más del 90 por ciento de los delitos, se tiene que “apostar nuevamente a la prevención. Porque México vive una enorme crisis en materia social, política y económica y porque se tiene que fomentar los valores como medida fundamental para contrarrestar la comisión de los delitos”.

Comentó que sale más barato prevenir que sancionar, porque es fomentar un catálogo de valores en las niñas, niños y jóvenes. “Los valores se inculcan en el hogar, se consolidan con nuestros aliados los maestros, en la escuela, y se practican en la vida”.

En su turno, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria (PRI) mencionó que la nueva norma permitirá dar a la prevención social de la delincuencia un enfoque multidisciplinario e interinstitucional. “Responde a las observaciones hechas a México por organismos internacionales”.

El diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI) precisó que se contará por primera ocasión con un instrumento jurídico que vincule a las autoridades responsables de la seguridad pública y de los temas sociales en las distintas entidades del país, a trabajar de manera coordinada, efectiva y eficiente, a favor de proyectos de prevención.

Por su parte, la diputada María Antonieta Pérez Reyes (PAN) dijo que la ley contempla la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones. Además, la prevención social de la violencia y la delincuencia desde los ámbitos comunitarios situacional y psicosocial.

La diputada Teresa Incháustegui Romero (PRD) comentó que la nueva ley se enfoca en disminuir y vigilar los factores de riesgo en la población que afectan a grupos especialmente sensibles como los jóvenes.

Destacó que se plantea la participación social y comunitaria con el objetivo de diseñar políticas de seguridad próximas y cercanas a las necesidades de la gente.

En su participación, el diputado Juan Carlos Natale López (PVEM) señaló que replantear la visión de la seguridad pública en México es una reforma radical, de carácter cultural, transversal y multidisciplinaria. “Debe plasmarse en un nuevo pacto institucional que represente una renovada gestión pública con base en una participación eficaz de la ciudadanía”.

El diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) consideró que la nueva ley no atiende con suficiencia ni a cabalidad las políticas de género. “Todo lo que hace la Ley es remitir, en caso de violación, a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pero carece para su cumplimiento de medidas coactivas”.

Agregó que para que exista prevención social del delito es necesario garantizar plenamente los derechos económicos, sociales y culturales del país; es decir, “resolver el problema de igualdad, garantizar todos los derechos humanos y generar una democracia participativa y deliberativa”.

El dictamen aprobado con 291 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, se envió al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

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