•Recibió 343 votos a favor, dos en contra y una abstención

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen por el que se expide la Ley de Asociaciones Público-Privadas, con el objeto de impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, inversión, atender necesidades sociales e impulsar el empleo y el crecimiento económico de manera más ágil.

El dictamen aprobado por 343 votos a favor, dos en contra y una abstención, busca que la iniciativa privada se convierta en un proveedor de servicios de la Administración Pública Federal (APF), con la obligación de construir la infraestructura necesaria para la prestación de los mismos, asumiendo en forma equitativa los riesgos que represente la ejecución de los proyectos.

Los esquemas de asociación público-privada pretenden satisfacer necesidades colectivas con su participación conjunta, procurando una transferencia equitativa de riesgos entre uno y otro, a través de mecanismos flexibles, según las necesidades de cada proyecto.

La nueva ley propiciaría también mayor seguridad y certeza jurídicas tanto para los particulares interesados, como para los servidores públicos que intervengan en el desarrollo de estos proyectos.
La norma establece que en el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio, se deberán prever los compromisos plurianuales de gasto que deriven de los proyectos de asociación público-privada para que, en su caso, sean aprobados por la Cámara de Diputados.

La Secretaría de la Función Pública vigilará los procesos de contratación; la Auditoría Superior de la Federación ejercerá sus atribuciones y de fiscalización en los términos que las disposiciones constitucionales y legales lo señalan.

El dictamen también reforma diversas disposiciones de las Leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de Expropiación; General de Bienes Nacionales y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Se envió al Senado para los efectos constitucionales.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (PRI), presidente de la Comisión de Economía, expresó que este marco legal generará la infraestructura que el país requiere y al mismo tiempo los servicios que en un momento dado demanda la sociedad.

Dijo que el dictamen da pauta para que la asociación estratégica entre los sectores público y privado impulsen la modernidad del país al poner a disposición de la sociedad más de 30 mil millones de dólares, que potencialmente pueden disparar el proceso de crecimiento de infraestructura en México.

Subrayó que se introduce certidumbre jurídica, lo cual permite ampliar el número de oferentes en el sector privado que pueden participar con certeza en los proyectos, y establece que la Cámara de Diputados tenga la atribución para autorizar los proyectos y ninguno podrá iniciar sin esta aprobación.

Al fijar el posicionamiento de su Grupo Parlamentario, el diputado David Penchyna Grub (PRI) señaló que el dictamen permitirá que el país tenga un instrumento jurídico que admita mayor capacidad de inversión y de infraestructura, que permita detonar el capital de inversión que requiere el país para generar más empleo.

Asimismo permite mayor equilibrio en los riesgos, mayor transparencia en las asignaciones, toda vez que se conocerán año con año y serán objeto del reporte de las finanzas públicas trimestral que la Secretaría de Hacienda realiza a la Cámara de Diputados.

“No se trata de concesionar los servicios existentes; es para nuevos proyectos; cada año conoceremos de los proyectos de inversión y su realización estará basada en un estudio de factibilidad”.

En tanto, Luis Enrique Mercado Sánchez (PAN) puntualizó que el dictamen promueve la inversión e infraestructura, lo que contribuirá a que la economía mexicana tenga, el próximo año, mejores resultados y un instrumento para enfrentar mejor la amenaza de menor actividad económica.

“Marca un paso adelante en las relaciones económicas entre el sector público y el sector privado al fijar reglas que no existían para estos sectores y se puedan asociar en obras de infraestructura”, agregó.

En tanto, el diputado Vidal Llerenas Morales (PRD) consideró que la reforma ofrece al sector privado la oportunidad de que, con reglas claras y la supervisión del Congreso, se pueda invertir en áreas que son estratégicas para el país.

Dijo que esta legislación es exitosa y ha recogido la mayor parte de las preocupaciones de los diputados y senadores y es un instrumento adecuado para que este país crezca.

“Tenemos que comprometernos con un país que va a crecer, moderno, que tiene las condiciones legales para que se invierta más, que podamos supervisar y asumamos el papel de ser los garantes de que estos proyectos van a servir para su desarrollo”.

Al fijar su postura en contra del dictamen, la diputada Laura Itzel Castillo Juárez (PT) afirmó que esta reforma deja en manos de los privados las obras de carácter público del país, así como una deuda prolongada que tendrá que pagar el pueblo de México.

“Lo que se está planteando es el intermediarismo para el encarecimiento de la obra y para que posteriormente tenga que pagar el mismo gobierno a través de esta deuda por muchos años”.

El diputado Pablo Escudero Morales (PVEM) manifestó que a través de este dictamen se establece un nuevo modelo de inversión para la prestación de servicios y desarrollo de infraestructura, por medio de las asociaciones público privadas.

“Sin duda estamos incentivando la inversión privada, con estos proyectos estamos seguros de que se incrementará la calidad en los servicios públicos”.

Durante la discusión en lo general, la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD) expresó que se establece un marco de incertidumbre sobre los recursos de los gobiernos que se van a comprometer por varios años en una forma privada de deuda pública.

En tribuna, el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (PT) subrayó que es un dictamen que pone en las manos de la Secretaría de Hacienda la posibilidad de realizar proyectos sin la autorización del Congreso.

Por su parte, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) aseguró que este dictamen es para que los contratistas y los banqueros hagan grandes negocios a cargo del presupuesto público. “Es un dictamen que contiene múltiples deficiencias jurídicas, por un lado difumina, diluye totalmente el carácter de área estratégica del Estado”.

Se aprobó la modificación al artículo 43 presentada por la diputada Esthela Damián Peralta (PRD), por la que se establece que el reglamento de dicha ley constituirá la figura de testigos sociales y preverá los términos de su participación en el procedimiento del concurso.

Refiere que la intención de los testigos sociales es que sirvan para que propongan a las dependencias y a la Secretaría de la Función Pública mejoras para fortalecer la transparencia, imparcialidad y las disposiciones legales en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

Además, dar seguimiento al establecimiento de las acciones que se recomendaron derivadas de su participación en las contrataciones y emitir en su participación el testimonio correspondiente, el cual entregarán a la Secretaría de la Función Pública.
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