La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias aprobó el dictamen que reforma el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, para establecer que los integrantes del Consejo de Transparencia podrán ser retribuidos con una compensación de acuerdo a los casos que atiendan.

El dictamen fue enviado a la Mesa Directiva para su aprobación en el Pleno y así dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con respecto del juicio de amparo 487 promovido por el ScotiaBank, Inverlat, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat, por no haber constituido el Consejo de Transparencia, señaló el diputado Felipe Solís Acero.

El presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias agregó que en el actual reglamento de transparencia se establece que los consejeros perciban un sueldo equivalente al de director general de la Cámara de Diputados, por lo que con la aprobación del dictamen se estaría reduciendo costos en las finanzas de la Cámara.

Mencionó que el Consejo es la instancia encargada de establecer las políticas institucionales en materia de transparencia, con carácter especializado e imparcial, de la Cámara de Diputados y autonomía operativa de gestión.

El Consejo se integra por tres especialistas en materia de transparencia, información pública y protección de datos personales, añadió.
El legislador Solís Acero enfatizó que “el Consejo no había sido integrado porque no se pudo constituir un acuerdo sobre la situación de cómo se debía retribuir a los consejeros de transparencia”

Los consejeros de transparencia serán elegidos mediante convocatoria pública abierta a especialistas e investigadores en la materia, que se interesen en desempeñar las siguientes funciones:

Participar en el diseño de la política institucional de la Cámara en materia de transparencia, acceso a la información pública y la protección de datos personales mediante análisis, evaluaciones periódicas, estudios y recomendaciones, diseñar y aplicar indicadores para evaluar el desempeño.

Recibir para su evaluación el informe anual de la Cámara respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública y emitir semestralmente un análisis y evaluación de las políticas de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, y concluye con recomendaciones generales y específicas.

También el dictamen señala que la Junta de Coordinación Política será el Órgano Rector encargado de establecer las políticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de la Cámara de Diputados.

Este órgano rector tendrá acceso, en cualquier momento, a la información reservada o confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación o la procedencia de su acceso, señala el dictamen.
-- ooOoo --