La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley que Establece la Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para permitir que las hijas e hijos de internas que permanezcan con ellas tengan espacios para su desarrollo integral, incluyendo alimentación y educación hasta los 6 años de edad.

En el dictamen aprobado por 265 votos a favor, dos abstenciones y uno en contra, se indica que los sitios de reclusión de las mujeres deberán tener la infraestructura, información y personal capacitado para el cuidado de sus hijas e hijos, así como para el desarrollo pleno de sus actividades.

Las reformas a los artículos 3, 6, 10 y 11 de esa ley, también buscan brindar atención médica y servicios ginecológicos; asignar trabajo a las internas, tomando en cuenta el estado de gravidez; establecer espacios e instalaciones exclusivas de industria penitenciaria para las y los internos.

Asimismo, considerar espacios que permitan al interno recibir educación y practicar el deporte. Se puntualiza que las reformas no se aplicarán en internos relacionados con la delincuencia organizada o requieran medidas de seguridad especiales.

El diputado José Luis Ovando Patrón (PAN) expresó que la reforma busca que a la mujer en reclusión, se le garanticen servicios médicos ginecológicos y atención especializada durante y posterior al embarazo, así como en la asignación de trabajos correspondientes se tome en cuenta el estado de gravidez.

Agregó que con la creación de estas condiciones y el diseño de los espacios que aseguren el desarrollo integral de las hijas e hijos de mujeres en reclusión, incluyendo los servicios de alimentación, educación y salud, el marco jurídico en la materia avanza en el cumplimiento de los compromisos internacionales que el Estado ha asumido.

Por el PT, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia mencionó que el dictamen está orientado a proteger y velar el interés superior de la infancia, “principio reconocido en la Carta Magna”.

Se propone, afirmó, que las mujeres en reclusión que tengan hijos menores de edad, hasta de seis años, puedan tenerlos con ellas en los centros penitenciarios, siempre y cuando se garantice lo establecido en el artículo 4 de la Constitución, para las condiciones adecuadas de salud, alimentación y educación.

Por el PRI, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado destacó que el actual sistema penitenciario muestra una evidente invisibilidad de los derechos de las madres que purgan alguna sentencia y, por ende, también vulneran los derechos de las niñas y de los niños.

Indicó que el 86 por ciento de las mujeres que purgan alguna condena en las cárceles mexicanas son madres; tienen un promedio de tres hijas o hijos; se estima que hay alrededor de 33 mil 498 niñas y niños que son hijos de mujeres reclusas, los cuales carecen de las condiciones y los espacios para proveerles de un desarrollo armónico integral.

La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (PAN) resaltó que la reforma genera condiciones para lograr el estricto respeto a los derechos humanos de las mujeres, sobre todo de las que se encuentran en los centros de reclusión.

Abundó que el dictamen resulta trascendente, ya que el Ejecutivo Federal podrá celebrar convenios con los estados para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia compurgen las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.

Se mandó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
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