El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, reformas al artículo 24 de la Constitución Política para reconocer la libertad de religión como un derecho de todas las personas, creyentes o no, así como la de dejar de tenerla o cambiarla.

La reforma avalada por la mayoría calificada de 199 votos a favor, 58 en contra y tres abstenciones, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado.

Dicha libertad, se añade, incluye el derecho a participar individual y colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre y cuando no constituyan un delito o falta penados por la ley.

Se precisa que nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Además, los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos, y los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a ley reglamentaria.

En el documento se menciona que la reforma reconoce la libertad de religión conforme a los tratados de derechos humanos vigentes en México, que comprende manifestar la religión en forma individual o colectiva, en público o en privado.

Se indica que todo Estado laico, por su carácter de imparcialidad, debe considerar la libertad de religión, pues no hacerlo en los términos que se pactó en los tratados internacionales, revela la actitud de un Estado anticlerical por definición, circunstancia que lo aleja de su laicidad.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (PAN) propuso reformas para sustituir el término de “libertad religiosa” por “libertad de religión”; la eliminación de la figura de “individuo” por la de “persona”, y la inclusión de diversos párrafos, mismas que fueron aceptadas.

Subrayó que el dictamen permitirá reconocer en la Constitución lo dispuesto por los tratados internacionales, al adecuar el texto constitucional con el derecho de los individuos en cuanto a su religión o convicciones, “aspectos que deben ser reconocidos y aceptados por el Estado”.

Dicha situación, afirmó, no se enfoca a ninguna religión en particular; aquellos que no profesan alguna se verán beneficiados con este derecho de creer o no; de ejercer dicha creencia públicamente sin ser víctima de opresión o discriminación, siempre y cuando no constituyan un delito o falta penados por la ley.

En los posicionamientos, el diputado Felipe Solís Acero (PRI) destacó que en el dictamen no hay alguna afectación ni al derecho de quienes quieren creer y profesar una religión, ni al de aquellos que quieren cambiar, ni tampoco a quienes han preferido mantenerse en el agnosticismo.

Propuso reintegrar la redacción literal actual vigente del párrafo tercero del artículo 24, que limita el ejercicio del culto público a los templos destinados para ello, dando atribuciones a las autoridades competentes.

“No hay otra razón que esté detrás de este proyecto de reforma, salvo la necesidad de cumplir lo que está establecido en el párrafo primero del artículo primero de la Constitución y el artículo 12 del Pacto de San José, que nos obliga a mantener y reconocer en las normas constitucionales la libertad de conciencia”, enfatizó.

Del PAN, el diputado Javier Corral Jurado señaló ser creyente del Estado laico y, “precisamente porque creo en él afirmo que esta reforma no atenta contra la esencia del Estado laico ni vulnera el principio de división de la Iglesia y el Estado”.

Resaltó que no es un tema de religión sino de derechos humanos, modernización y homologación de México con el mundo democrático. “Que nadie se avergüence de creer, pero que todo mundo sea respetado cuando no cree, ése es el laicismo, ésa es la neutralidad del Estado frente a las religiones”.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD) subrayó que la defensa a los derechos humanos es uno de los objetivos de su grupo. “No podíamos ir en contra de la libertad de conciencia de cada persona para profesar o no ninguna creencia y del derecho que tienen todas ellas para expresar sus convicciones éticas, sus visiones filosóficas, tanto en público como en privado”.

Se manifestó a favor de los derechos de las personas manteniendo a las asociaciones e iglesias de cualquier culto en los marcos de la legislación actual, “porque éstos son individuales, no son entes colectivos, son propios de cada sujeto y es parte de su derecho natural”.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) mencionó que su fracción no puede aceptar este dictamen aún con las reformas propuestas. “No se tiene otro propósito más que realizar un guiño y enviar un mensaje a la iglesia católica por el PRI y el PAN; estamos en un proceso electoral y les conviene quedar bien con los poderes fácticos”.

Puntualizó que se ha buscado atropellar los trámites parlamentarios; si se aprueba podría generar mayor presencia de las religiones en radio y televisión, ya que se le otorgarían concesiones. “La reforma violenta el Estado laico porque no hay plano de igualdad entre las iglesias y las posturas filosóficas”.

El diputado Gustavo González Hernández (PAN) dijo que lo que se busca es que el individuo tenga derecho a creer o no, manifestar su creencia o no, individual o colectivamente, en lo público o en lo privado. “Es una cuestión del individuo; es una cuestión de derechos humanos”.

Por el PRD, el diputado Agustín Guerreo Castillo consideró que la reforma tendría que haberse discutido con tiempo y realizar consultas a instituciones, porque es una cuestión que motiva polémica y pasión, ya que “cada paso que avancen las iglesias es un avance en contra del Estado laico”.

A su vez, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) mencionó que lo que se quiere es dar libertades a una minoría, “a la jerarquía católica, que es tan poderosa, y en vez de exigirle respeto al Estado laico se le quiere dar más poder y privilegios. Ahora quieren que accedan a televisión y radio y sigan avanzando en su posicionamiento político y sigan vulnerando el Estado laico”.

Particular

En la discusión en lo particular, se aceptó la reserva de la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (PRD), al primer párrafo del artículo 24 constitucional, para que se incorpore la libertad de convicciones éticas y se establezca que la moral de cada uno de los pobladores no le pertenece a ninguna fe y religión.

Asimismo, se acordó reincorporar el tercer párrafo del artículo 24, el cual establece: “Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria”. Fue impulsada por los diputados Uranga Muñoz y Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT).

Cárdenas Gracia propuso modificar el primer párrafo del artículo a discusión, quien pedía incluir la libertad filosófica y que tenga igual tratamiento por parte del Estado, no se aceptó.

Desechan moción suspensiva

Previamente, se desechó con 163 votos en contra, 98 a favor y 10 abstenciones, la moción suspensiva del diputado Feliciano Rosendo Marín Díaz (PRD) para que el dictamen se regresara a la Comisión de Puntos Constitucionales, se reiniciara el procedimiento y se hiciera un debate.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas (PRI) expuso que los legisladores oaxaqueños, juaristas, “por supuesto que no estamos de acuerdo en la forma. Una reforma constitucional sobre las modificaciones del comportamiento de la jerarquía eclesiástica en este país merece una muy profunda discusión”.

Del PRD, los diputados Nazario Norberto Sánchez, Ramón Jiménez Fuentes, Emilio Serrano Jiménez y Avelino Méndez Rangel expresaron que la separación de la Iglesia del Estado es fundamental y solicitaron que el dictamen regresara a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y debate.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía manifestó su apoyo a la moción de suspensión. “Observamos con profunda preocupación este hecho, pues se trata de una nueva arremetida en contra del Estado laico instaurado en nuestro país, luego de superar lamentables episodios históricos”.

Se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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