• En este periodo presentó una iniciativa en la que señala que 20 mil niños y adolescentes son vendidos, explotados y prostituidos

En México se roban alrededor de 20 mil niños y adolescentes que son vendidos, explotados, prostituidos y utilizados para transportar droga a los Estados Unidos, por lo que el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (Nueva Alianza) propuso establecer un protocolo de búsqueda y localización de menores reportados como desaparecidos, ya que en más del 90 por ciento de los casos no se logra su recuperación.

En el documento, que se turnó para su dictamen a las comisiones unidas de Justicia, de Atención a Grupos Vulnerables y de Salud, se indica que las cifras son alarmantes y preocupantes, porque una gran parte de esos menores son víctimas de bandas criminales que tejen una compleja red de operación que dificulta la acción de las autoridades.

Según datos de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos A. C., esas redes delictivas venden a bebés para adopciones ilegales en el extranjero; a menores entre 3 y 12 años los explotan y prostituyen; a los adolescentes de entre 13 y 18 años los utilizan para transportar droga hacia la Unión Americana.

Menciona que esas bandas delictivas, muchas veces actúan en parques públicos, jardines, plazas y centros comerciales, para capturar a los menores; son profesionales que no actúan solos y se hacen acompañar por cómplices que facilitan la huida.

Considera que autoridades, actores políticos y sociedad deben actuar unidos para responder de manera contundente ante los retos y desafíos que la delincuencia presenta.

“El camino a seguir es la unión de esfuerzos en el combate a este delito y con ello se abatirá de manera importante la recurrencia de estas conductas”, puntualiza en su iniciativa.

El procedimiento se desarrollaría a partir del aviso al responsable del lugar de que un menor se ha extraviado, quien de inmediato notificaría al encargado de seguridad y se ordenará activar el altavoz de alerta u otro sistema similar, y se decretará la guardia o cierre de acceso y salidas del lugar hasta en tanto no se encuentre al menor.

En la búsqueda del menor colaborarían empleados y si resulta infructuosa en un lapso prudente, se daría aviso a protección civil, policías preventivos y ministeriales, al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y al Ministerio Público (MP) para que tomen las medidas de recuperación del menor.

Se estipula que cuando el MP reciba la denuncia de la desaparición de un menor, emplearía medidas para la búsqueda y localización; si no acciona con la rapidez del caso, se podría ocurrir en queja ante el Procurador, para imponer las sanciones administrativas y penales correspondientes.

Plantea aumentar la pena de 4 a 8 años de prisión a quien prive ilegalmente de la libertad con violencia a una persona, cuando la víctima sea menor de 16 o mayor de 60 años de edad, o que por cualquier circunstancia esté en situación de inferioridad física o mental respecto del que la ejecuta. Si la víctima es menor de 12 años, se impondrían de cuatro a 10 años de cárcel.

Las modificaciones serían a diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de las leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de Asistencia Social y de la Orgánica de la Procuraduría General de la República.

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