• México adolece de una legislación que garantice los derechos de este sector considerado como grupo vulnerable, afirma el diputado
• Hay 7 millones de madres solteras entre los 12 y 19 años

Las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y la de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, analizan la iniciativa de Ley General para el Desarrollo Equitativo, Plural e Integral de la Juventud que impulsa el diputado Armando Ríos Piter (PRD).

El legislador enfatizó que México es uno de los pocos países que no cuenta con una legislación que proteja los derechos de este sector; por ello resulta indispensable la expedición de una nueva ley que garantice políticas de Estado para la atención de la juventud.

La falta de esa legislación ha colocado a los jóvenes como un grupo vulnerable y sujeto a permanentes procesos de exclusión social: falta de educación, trabajo, salud, vivienda, medio ambiente, así como violencia directa e indirecta.
De cada 100 estudiantes, 48 por ciento no asisten a la escuela y, únicamente dos de cada 10 tienen la oportunidad de estudiar la universidad, informó.

Agregó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), alrededor de un millón 561 mil 641 de niños, entre 5 y 17 años, no estudian ni trabajan, y 7 millones 796 mil 630 de jóvenes desde los 12 hasta los 29 años se encuentran en la misma situación.

Lo anterior, dijo, sitúa a esa población como presa fácil del narcotráfico y de la delincuencia organizada; además de que existen 7 millones de madres solteras en el rango de 12 a 19 años.
Múltiples datos señalan que, debido a la Estrategia Nacional de Seguridad, la tasa de homicidios ha aumentado considerablemente en adolescentes desde los 15 a 17 años, expuso.

Indicó que las posibilidades de niños y jóvenes para el desarrollo de una calidad de vida digna se ven disminuidas por la muerte de uno o ambos padres, además de que no existe un resarcimiento del daño patrimonial, físico o psicológico causado.

Argumentó que la juventud mexicana no tiene reconocimiento de derechos, a pesar de que conforman la mayoría poblacional, pues 30 por ciento se encuentra entre los 25 y 29 años, cifra que aumenta al 55 por ciento de la población si consideramos a cualquier persona menor de 30 años.

“El problema de los jóvenes es un problema estructural, y ante tales circunstancias resulta primordial que los legisladores y las autoridades de los tres Poderes de la Unión y de los tres ámbitos de gobierno reconozcamos a las y los jóvenes como un actor social estratégico para la transformación y mejoramiento del país”, expresó.

El objetivo es no sólo garantizar los derechos y hacer explícitos los deberes de las y los jóvenes, sino también establecer mecanismos de coordinación entre los poderes de la Unión y los tres ámbitos de gobierno, que permitan el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas de Estado enfocadas directamente en la problemática concreta que afronta la juventud, puntualizó.

La iniciativa pretende reformar además los artículos 1º y 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para hacer referencia a la mencionada ley.

La creación de la ley General para el Desarrollo Equitativo, Plural e Integral de la Juventud, permitirá establecer los principios que deben regir las políticas de protección de la juventud, que estarán enfocadas en la restitución del libre goce de sus derechos, desde todos los ámbitos de la acción social, para erradicar e impedir cualquier práctica que tenga como fin dilatar, obstaculizar o imposibilitar su ejercicio.

Plantea la creación del Sistema Nacional para el Desarrollo Equitativo, Plural e Integral de la Juventud, cuyo máximo órgano de coordinación será un Consejo Nacional, integrado por las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los tres Poderes de la Unión, apuntó.

Su finalidad será el establecimiento de políticas equitativas, plurales, integrales, sistemáticas, continuas y evaluables para garantizar y proteger los derechos de las y los jóvenes.

Además se cambia el carácter del Instituto Mexicano de la Juventud a organismo descentralizado no sectorizado, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, cuyo director general, en su carácter de secretario técnico del consejo, dependerá directamente del titular del Ejecutivo Federal, derogando al tiempo, las facultades que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le otorgan en la materia a la Secretaría de Educación Pública, estableció.

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