Ante el crecimiento del tráfico de armas de alto poder en el país, el diputado Salvador Caro Cabrera (PRI) impulsa una iniciativa para incrementar las sanciones a quien posea y porte armamento de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

Con reformas a los artículos 81, 82 y 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se busca, dijo, fijar pena de dos a nueve años de prisión a la persona que posea un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y a quienes transmitan la propiedad de un artefacto sin el permiso correspondiente.

Salvador Caro indicó que el país se ha visto sometido a una escalada de violencia promovida por criminales respaldados por la presencia y el tráfico de armas. “Esto ha disparado de manera alarmante la tasa de homicidios”, afirmó.

Mencionó que el Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC, “calcula que durante la presente administración han entrado diariamente un promedio de dos mil armas de grueso calibre, rifles de asalto, granadas de mano, metralletas, entre otras”.

Además, un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional a la Auditoría Superior de la Federación, menciona que entre 1972 y 2001 se otorgaron cinco millones 443 mil 547 licencias de portación, pero agrega que en estos momentos sólo dos millones 105 mil 120 ciudadanos tienen autorización, precisó.

Otras fuentes, abundó, han informado que de 1972 a la fecha se han registrado un total de 2 millones 824 mil 231 armas, de las cuales 85 por ciento corresponde a uso civil y 155 son usadas por personal de seguridad.

El diputado expuso que la circulación de armas ilegales en el país tiene un efecto negativo en las condiciones de vida, porque vulnera la paz y tranquilidad, así como la seguridad de la población y de las instituciones.

“Implica serios desafíos, tanto a la capacidad de respuesta de las instancias de gobierno encargadas de la seguridad pública en todos los niveles, como en el planteamiento de nuevas políticas, estrategias y líneas de acción en el combate de la inseguridad pública, pero además exige una respuesta contundente del cuerpo legislativo”, subrayó.

Explicó que algunas medidas preventivas para afrontar esta problemática incluyen la destrucción de las armas decomisadas, campañas educativas permanentes, adecuación de la Ley en la materia, así como la actualización y revisión de las licencias de portación de armas de fuego que existen desde 1972.

Caro Cabrera destacó que la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que se analiza en comisiones, busca aumentar las penalidades cuando se transmita la propiedad de un arma sin el permiso correspondiente y se porte las que sean de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De igual modo, añadió, se contempla un artículo transitorio para que a partir de la fecha de su publicación y por un plazo de tres meses se renueven las licencias vencidas de portación de armas de fuego en posesión de particulares.

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