• La respuesta de nuestro gobierno ha sido sumisa y vergonzosa, aseguró el diputado

La Cámara de Diputados exhortó, en el reciente Periodo Ordinario de Sesiones, a la Secretaría de Relaciones Exteriores a transmitir al gobierno de los Estados Unidos de América un enérgico rechazo a todas las operaciones realizadas en territorio mexicano en materia de seguridad binacional, al margen de los mecanismos de cooperación para el combate del narcotráfico y la delincuencia organizada suscritos entre ambos gobiernos.

Lo anterior, debido a que setenta por ciento de las 94 mil armas recuperadas en México en los últimos 5 años tiene su origen de venta en Estados Unidos y éstas se han convertido en la principal fuente de suministro para armar a los cárteles, afirmó el diputado Carlos Cruz Martínez (PRD).

Señaló que eso significa que más de 65 mil armas ingresaron ilegalmente en territorio mexicano, con el aval y la complacencia del gobierno estadounidense.

Refirió que el subprocurador norteamericano de Justicia Lanny Brauer reconoció que en el 2006 se permitió la entrada ilegal a México de 500 armas de asalto, como parte de la operación “Receptor abierto”, y éstas se suman a las 2 mil 500 del caso “Rápido y furioso”.

“Esta actitud del Gobierno estadounidense puede considerarse de injerencia y desestabilización, porque ha contribuido a incrementar el poder de fuego de los grupos criminales que han rebasado en algunas regiones al Estado mexicano”.

Subrayó que las consecuencias han sido brutales para México porque para los cárteles de la droga, la aprobación de venta de armas de asalto ha sido magnificas, ya que después de 2004, el país se llenó de armamento terrible y de fácil acceso. Al acabar con la prohibición de armas de asalto, la “Asociación Nacional del Rifle” consiguió un gran negocio en nuestro territorio, a costa de articular y armar a varios grupos criminales, refirió el diputado.

Destacó que por lo menos 50 mil 490 asesinatos se han relacionado con el crimen organizado. “Éste es el precio que México ha pagado en sangre por tratar de evitar que las drogas lleguen a suelo estadounidense, además de la pérdida de vidas, entre las que se cuentan las de los oficiales de la DEA asesinados en San Luis Potosí”.

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