• Ello será posible con la modificación que hizo la Cámara de Diputados a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Con las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables aprobadas por el Pleno de la Cámara de Diputados, se garantizará, a través del “Seguro de mar”, la ayuda económica a las familias de pescadores que desaparecen o mueren durante su actividad.

Reportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) señalan que del 2006 a 2010 se registraron mil 105 personas desaparecidas mientras realizaban actividades de pesca ribereña y de alta mar, lo que estima un promedio anual de 221 personas.

La reforma precisa que la SCT, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, establecerá un programa que otorgue seguridad y apoye la subsistencia a las familias de los pescadores inscritos en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura que pierdan la vida en la práctica de la actividad pesquera.

Establece una indemnización para gastos funerarios equivalente a 85 veces el salario mínimo vigente, apoyo en dinero que será entregado cada mes durante un semestre, equivalente a por lo menos 60 veces el salario mínimo.

Además, un apoyo en especie que será entregado cada 30 días durante seis meses, consistente en una despensa básica que garantice la alimentación digna de la cónyuge o concubina y de los hijos del pescador fallecido que habitaran en su mismo domicilio.

El diputado Felipe Cervera Hernández (PRI) precisó que “el seguro de mar” contará con una bolsa de 6 millones 118 mil pesos, con base en el cálculo que se realiza sobre personas desaparecidas reportadas por la Secretaría de Marina y la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

“Para que los familiares puedan recibir el apoyo, el pescador habrá de estar previamente inscrito en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, no sólo asumirse como pescador, sino plenamente reconocido como tal”, informó.

Aclaró que este monto ya fue avalado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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