• Hay dispersión de disposiciones, señala el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.

El marco jurídico que regula los actos de propaganda gubernamental no es de fácil estudio, interpretación, análisis, ni comprensión debido a los múltiples ordenamientos que lo sistematizan, señaló el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados.

Indicó que su aplicación no es amigable, pues las disposiciones que regulan estos actos están dispersos en la Constitución, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), la Ley Federal de Radio y Televisión, el Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Propaganda Institucional y Político-Electoral de Servidores Públicos, así como en el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en materia electoral.

A través de un documento publicado en la revista Cámara, en su edición de enero, denominado “Propaganda gubernamental: machacada y sobrerregulada”, el CEDIP consideró que dicha dispersión dificulta la comprensión, estudio, entendimiento, interpretación y la debida aplicación a la regulación jurídica de la propaganda gubernamental.

Mencionó que cada vez que se celebran elecciones en el país surge a la luz pública el tema de los actos de propaganda gubernamental. “Algunos reclaman que éstos se realizan para favorecer las aspiraciones de determinados candidatos, mientras que quienes los emiten responden que únicamente tienen la finalidad de informar a la población”, destacó el estudio.

El CEDIP subrayó que a pesar de que se creó un marco jurídico regulatorio indicando los plazos para emitirse actos de propaganda, se siguen presentando reclamos por supuestos actos contrarios a la ley, y a éstos se da respuesta en el sentido de que la propaganda se emite en estricto apego a la norma.

Abundó que un ejemplo de los obstáculos de aplicación de la ley es la dificultad para distinguir los casos de cada uno de los procedimientos previstos en el Cofipe.

Otra problemática del marco jurídico en la materia, es la que surge de la dispersión de disposiciones que regulan la propaganda de las autoridades federales y locales electorales destinada a promover sus propios fines.

En el documento, Juan Manuel Hernández Licona, colaborador del CEDIP, puntualizó que ante ese panorama se puede decir que el marco jurídico que regula los actos de propaganda gubernamental no es de fácil estudio por los múltiples ordenamientos que lo sistematizan.

Destacó que lo deseable sería concentrar las normas en uno o dos ordenamientos como máximo para favorecer su estudio, análisis, comprensión y aplicación, ya que evitaría la creación de normas jurídicas que regulen el mismo supuesto.

-- ooOoo --