•Destinar mayores recursos a procesos electorales no garantiza la participación: diputado Ricardo Sánchez Ortega

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados analiza el dictamen de la iniciativa que reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), a fin de hacer obligatorio el voto, el cual podría ser presentado en el próximo periodo ordinario de sesiones y aplicarse en el proceso electoral de 2012.

De acuerdo con el diputado promovente, David Ricardo Sánchez Guevara (PRI) refirió que el voto voluntario contribuye a un mayor debilitamiento del sistema de representación política, toda vez que deshabilita a la ciudadanía para no sentir responsabilidad, generando un elevado ausentismo, lo que provoca el cuestionamiento de la legitimidad de los elegidos y es un motivo para la inestabilidad.

Otro argumento a considerar para el establecimiento de la obligatoriedad del voto, dijo, son los altos costos electorales.

Destacó que el hecho de destinar mayores recursos a los procesos electorales no garantiza una mayor participación de los ciudadanos y prueba de ello es el alto abstencionismo registrado tanto en las elecciones federales de 2006, como en las intermedias de 2009.

Refirió que estudios en la materia señalan que el proceso de 2009 costó 20 mil 887 millones de pesos y se registró un abstencionismo de 55.39 por ciento, es decir, en promedio, cada voto fue de 346.68 pesos.

“En caso de que los 77.81 millones de electores inscritos en el padrón hubieran votado, el costo promedio habría sido de 153.84 pesos por cada uno, lo cual quiere decir que el costo al erario público de cada ciudadano que no ejerció su derecho al voto fue de 192.84 pesos”, indicó.

Añadió que situación similar se presentó en el proceso de 2006, cuando, de un padrón de 71.37 millones de ciudadanos, hubo un abstencionismo del 41.45 por ciento.

El diputado Sánchez Guevara agregó que el informe sobre el financiamiento político de América Latina (Griner y Zovato, 2004), refiere que las elecciones federales del año 2000 fueron las más costosas de la región, con un monto de 921 millones de dólares.

Mencionó que en 2004, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) dio a conocer que México fue el país con mayor costo electoral, con 17.24 dólares por elector, no sólo de América Latina, sino de una lista de 36 países, tanto de África, Asia y Europa.

Adelantó que de ser aprobada su propuesta para reformar el artículo 345 y la fracción I del inciso d) numeral 1 del Artículo 354 del Cofipe, votar ya no sería sólo un derecho, sino una obligación para la construcción de la institucionalidad republicana.

Es necesario, dijo, impulsar la figura del voto obligado, vigente en otros países de América Latina, toda vez que ha dado buenos resultados, como en Chile, con cifras de 83 por ciento de votación; Bolivia, con 85 por ciento, y Brasil, con 82 por ciento.

Agregó que nuestra Constitución, en su artículo 35 establece el voto como una prerrogativa del ciudadano e incluso, el artículo 36 plantea la obligación de ejercer este derecho y en el 38 se mencionan las sanciones por su incumplimiento.

Concluyó que la iniciativa presentada y que es analizada para su dictamen en la Comisión de Gobernación, propone la amonestación pública y una sanción de seis días de salario mínimo general vigente para quien no vote en los procesos electorales.

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