El Pleno de la Comisión Permanente aprobó un punto de urgente resolución por el que cita a comparecer, ante la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, a los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Lo anterior con el objeto de que expliquen la contratación mediante adjudicación directa de servicios diversos durante 2011 y 2012, así como la falta de transparencia oportuna respecto a dichas contrataciones.

El documento refiere que el presidente regulador mexicano de los sectores de telefonía y televisión, Mony de Swaan, aprobó dos contratos con un valor cercano a los 200 mil dólares, a empresas dirigidas por amigos suyos, incluyendo a uno que trabaja como cabildero para empresas de telecomunicaciones.

Señala que uno de los contratos fue para el consejero externo Pablo Héctor Ojeda, quien recibió aproximadamente 90 mil dólares por cuatro semanas de trabajo. El otro fue para Total Strategy, una firma de relaciones públicas fundada por el abogado Peter Bauer, que recibió un pago de alrededor de 120 mil dólares por aproximadamente cuatro meses de trabajo.

Por tal motivo, también se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a abrir un proceso de averiguación administrativa respecto a estos hechos; así como a la Procuraduría General de la República a iniciar las indagatorias relativas y darle inicio a una averiguación previa.

“Conforme a lo anterior, es de suponerse que el ciudadano Mony de Swaan, en su carácter de presidente de la Cofetel pudo haber realizado indebidamente enajenaciones de servicios, favoreciendo directamente a sus amistades cercanas con cuantiosos recursos públicos, pudiendo incurrir en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades”, establece el documento.

Al fundamentar el punto de acuerdo, el diputado César Augusto Santiago Ramírez señaló que la comparecencia del titular de la Cofetel es para que explique el motivo de los contratos de asesores y qué hacen estos para mejorar el desempeño, “y el exhorto es para que la PGR y la Función Pública vean que sí se han cometido delitos”.

Refirió que Mony de Swaan asignó dos contratos a dos personas que el mismo reconoce como sus amigos cercanos, por lo que se ha violado la ley.

“En mi opinión es necesario investigar este asunto a profundidad, me parece que es de elemental sentido común que un hombre que va impartir justicia y establecer principios de congruencia y certeza no puede estar cuestionado de esta manera”.

Al fijar su postura en contra, el diputado Arturo García Portillo (PAN) señaló que es necesario dar la oportunidad de que se explique y argumente esta situación a través de una comparecencia, antes de fijar responsabilidades.

“Estamos a favor de la comparecencia y pedir la información, ya que debe clarificarse esta situación, pero no estamos de acuerdo en fijar responsabilidades si no está clara la situación, ya que supone la existencia de un delito que debe ser investigado por la autoridad”.

El diputado Armando Ríos Piter (PRD) manifestó que es indispensable que los legisladores cuenten con la información correspondiente por parte la Cofetel, “necesitamos revisar de manera puntual cómo se establecen y discuten cada uno de esos contratos, porque al final del día son recursos públicos que aprueba la Cámara de Diputados”.

Es necesario exigir que la Secretaría de la Función Pública se involucre para que emitan un juicio para estar pendientes del seguimiento de ese caso, ya que sería una gran irresponsabilidad que los legisladores dejen pasar esta situación”.

El diputado Gustavo González Hernández (PAN) expresó que “es mejor que se levante una denuncia con los elementos correspondientes, ya que tiene más fuerza jurídicamente hablando”.

El diputado Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (PT) dijo que en las comparecencias los funcionarios del gobierno mienten y no hacen caso a uno solo de los exhortos “Mony de Swaan ha incurrido en graves actos de corrupción, simplemente que uno de los contratos por 120 mil dólares se lo dé a su casero, hace pensar que el asunto huele mal”.

El diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI) afirmó que a través de este punto de acuerdo se busca combatir la impunidad y privilegiar la rendición de cuentas y la transparencia. “Establecer la afectación por disposiciones meramente administrativas en la omisión de publicar contratos y por privilegiar a sus amigos en la desviación de recursos económicos, es un insulto”.

En tanto, el senador Guillermo Tamborrel Suárez (PAN) subrayó que los legisladores de su grupo parlamentario se oponen a la corrupción y a “solapar” a cualquier persona; “donde no coincido es que hay algunas aseveraciones en las que hay un exceso, se está atentando contra la dignidad de dos personas que al día de hoy por la autoridad competente, no han sido sentenciadas”.

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