• Impedir que las organizaciones criminales actúen con impunidad.

La diputada Caritina Sáenz Vargas (PVEM) impulsa una iniciativa que propone la coordinación de los tres órganos de gobierno en el combate a la delincuencia organizada y los ámbitos de la Seguridad Nacional.

La reforma busca combatir a las distintas organizaciones criminales que han encontrado lagunas legales en los diversos ordenamientos jurídicos vigentes, lo que ha generado que la delincuencia organizada cometa delitos como el secuestro, la trata de personas, la venta y tráfico de drogas y estupefacientes, el homicidio de autoridades locales, entre otras.

La iniciativa contempla reformas a los artículos 16, 21, 73, 74, 76 y 94 de la Constitución, a fin de incorporar al Poder Judicial de la Federación y al Poder Legislativo en el conocimiento, análisis y coordinación de las acciones necesarias para la protección de los ciudadanos y las instituciones de la delincuencia organizada.

Para ello es indispensable adecuar la legislación secundaria en materia de seguridad pública en el rubro del combate a la delincuencia organizada, para así combatirla con eficacia desde los distintos ámbitos de la función pública.

Los Poderes Legislativo y Judicial deben brindar los apoyos técnicos-jurídicos necesarios para que el Ministerio Público y las policías cuenten con los elementos técnicos y legales para diseñar e instrumentar mecanismos efectivos para combatirla, señala.

En este mismo sentido la reforma contempla nombrar al diputado y senador presidente de la Comisión Bicamaral en cargada del tema ante el Consejo de Seguridad Nacional, para que desempeñe una función de fiscalización de este consejo.

Por su parte, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará el proceso para la designación de los ministros que representarán a este poder ante ese Consejo.

La iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, señala que la participación de los tres Poderes de la Unión en el combate a la delincuencia organizada, tiene la finalidad de analizar y coordinar las acciones necesarias para la protección a los ciudadanos, y con ello mantener la preservación de la soberanía e independencia nacionales, la defensa del territorio y el mantenimiento del orden constitucional.

Además de promover que su participación no quede limitada únicamente a la ley federal contra la delincuencia organizada.

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