La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al titular del Poder Ejecutivo a garantizar el derecho de los ciudadanos a denunciar, ante las instituciones competentes, todo tipo de actos contrarios a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y contra la legalidad constitucional.

Asimismo, rechazó cualquier tipo de manifestación proveniente de servidores públicos que signifique amenaza contra la seguridad, la integridad y la libertad de los ciudadanos que ejerzan el derecho a la denuncia.

Lo anterior, luego de que la Primera Comisión de Trabajo hiciera un análisis del documento suscrito por 23 mil ciudadanos entregado a la Corte Penal Internacional (CPI) por la presunta violación a los derechos humanos por la estrategia del combate al crimen organizado y del comunicado de la Presidencia de la República con el que rechazó esas imputaciones.

En el dictamen del punto de acuerdo promovido por el senador Ricardo Monreal Ávila, la Primera Comisión establece que el escrito presentado ante la CPI fue una solicitud para que se analice la situación de violencia que prevalece en México, y se pueda iniciar una investigación en torno a si existe violación generalizada de derechos humanos y si se cometieron crímenes de lesa humanidad.

En este sentido, la Comisión Permanente estimó que la controversia se plantea más bien en el ámbito mediático, aparentemente con la intención de algunas instancias del Gobierno Federal de inhibir la libre expresión de las ideas respecto de la lucha contra el crimen organizado y sus efectos en la ciudadanía.
Por ello, se consideró procedente la declaración rechazar cualquier tipo de manifestación proveniente de los servicios públicos que signifique una amenaza contra la seguridad, la integridad y la libertad de los ciudadanos de la República.

Como una medida preventiva, se exhortó al titular del Ejecutivo instruir a los servidores de la administración pública federal de abstenerse de cualquier acción en contra de los 23 mil ciudadanos suscriptores del escrito de 23 de noviembre de 2011 dirigido a la CPI.

Remiten a congresos locales y ALDF, reformas a Código Penal Federal para proyectos similares

La Comisión Permanente aprobó remitir a los congresos de los 31 estados de la República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las reformas al Código Penal Federal para castigar con cárcel a jueces, ministerios públicos y policías que retengan o encarcelen a la persona cuyo proceso penal resulte con sentencia definitiva absolutoria.

Lo anterior, para que en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones y competencias, impulsen proyectos similares.

Proponen reunión con procurador de Baja California

Se envió a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados, un punto de acuerdo presentado por la diputada Teresa Incháustegui Romero (PRD) para exhortar al gobierno de Baja California para que instruya al titular de la Procuraduría General de Justicia estatal a que asista a una reunión de trabajo con la Comisión especial que da seguimiento a los feminicidios.

Se remiten expedientes a gobiernos de Tamaulipas y Puebla

En la sesión de este miércoles, la Permanente aprobó remitir al gobernador y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas, para su conocimiento y efectos en el ámbito de su jurisdicción y competencia, el expediente del caso de José Francisco Chavira Martínez.
El 18 de enero, fue turnado a la Primera Comisión de Trabajo la proposición con punto de acuerdo, presentada por el senador Carlos Sotelo García (PRD), mediante el que se exhortaba al gobernador, al procurador de Justicia y al presidente del Tribunal Superior de Justicia locales a decretar la libertad incondicional e inmediata de quien fuera precandidato José Francisco Chavira Martínez, al considerar que se trató de un acto ilegal.

En su dictamen, la Primera comisión concluyó que se trata de eventos que claramente caen bajo la jurisdicción y competencia de las autoridades ejecutivas y judiciales de Tamaulipas, por lo que, con estricto respeto a su autonomía estatal, sólo procede la remisión del asunto a dichas autoridades para su conocimiento y efectos.

En este mismo sentido se avaló remitir al gobernador de Puebla, para su conocimiento, el expediente relacionado con las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos en contra de quienes resulten responsables por actos de corrupción de la pasada administración, se esclarezca si existe responsabilidad del ex gobernador Mario Marín Torres. La Comisión Permanente consideró que se trata de un asunto de la jurisdicción y competencia del gobierno de esa entidad.

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