• Sanción de tres a diez años de prisión y multa de quinientos a dos mil días de salario mínimo.

La Comisión de Justicia analiza la iniciativa del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (Nueva Alianza), la cual propone establecer de tres a diez años de prisión y multa de quinientos a dos mil días de salario mínimo a quienes por medio de la violencia, física o moral, amenacen a los ciudadanos, durante el proceso electoral con el objeto de persuadir la intención del voto.

De igual manera se estipula que si el sujeto cumple con su amenaza se acumularán la sanción de ésta y la del delito que resulte.
La reforma pretende adicionar el artículo 403 Bis al Código Penal Federal, a fin de evitar que el crimen organizado diversifique su actuación y busque extender sus brazos a actividades como la materia electoral.

El diputado señala que la delincuencia organizada tiene la capacidad y motivación para llevar a cabo ataques con el objetivo de impulsar e imponer por la vía violenta sus propios intereses.

Por ello, agregó, es necesario impulsar medidas legales que permitan persuadir y disuadir a los enemigos del orden público, a cometer cualquier acto tendiente a inhibir a los electores a sufragar libremente por el candidato de sus preferencias.

“La reforma es importante, ya que el país celebrará elecciones presidenciales, el cual es un proceso crucial en el que el mayor reto a vencer es la inseguridad, porque la violencia es la mayor amenaza para la democracia”, menciona el diputado.

En este sentido, enfatiza el legislador que la incertidumbre repercute, necesariamente, en la baja participación en los procesos electorales.

Dijo que las tensiones políticas que crecen durante una elección ofrecen a los grupos del crimen organizado una oportunidad atractiva, al mismo tiempo se dificulta enormemente la habilidad de las autoridades para dar cobertura a todos los incidentes que se presenten en el proceso electoral.

Con esta reforma se evitarían hechos como los ocurridos en Tamaulipas, en el que un candidato fue privado de su vida; el mismo suceso se presentó en el municipio de La Piedad, en Michoacán, en donde de igual manera, los grupos violentos se manifestaron y le arrancaron la vida al alcalde.

El diputado señaló que es necesario que el Estado mexicano posea la capacidad para brindar protección y seguridad a todos los candidatos y votantes durante los comicios.

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