• Habría 70 mil muertos a finales de 2012 por enfrentamientos contra grupos criminales: diputada Incháustegui Romero

Las víctimas del llamado crimen organizado pasaron de dos mil 120 a 51 mil en cinco años y, de acuerdo con expertos, el escenario hacia finales de 2012 arrojaría un promedio de 70 mil muertos, señaló la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD).

Indicó que en las operaciones de enfrentamiento contra los grupos criminales se registra un sinfín de violaciones a los derechos humanos, por acción u omisión de autoridades civiles, policiacas y militares.

Dijo que es indispensable crear la Ley general de protección y reparación integral a víctimas de violaciones a derechos humanos generadas por la violencia, para que éstas reciban apoyo jurídico, médico y psicológico de calidad.

Incháustegui Romero mencionó que con esta ley se crea un Programa de Protección a Víctimas y Testigos, que estará a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), para garantizar que la integridad y seguridad de las personas que declaren o que estén dispuestas a hacerlo sean salvaguardadas en todo momento.

Además establece un fondo económico para víctimas de los actos realizados por grupos criminales y hechos violatorios, dolosos o culposos, efectuados por las fuerzas armadas y policiacas federales.

Refirió que de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de enero 2006 a octubre 2011, se recibieron 11 mil 680 quejas de violaciones a garantías individuales. En el último se concentraron seis mil 241 quejas contra autoridades de la PGR, así como de las secretarías de Seguridad Pública, de Marina y de la Defensa Nacional.

La presidenta de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a los feminicidios en México subrayó que constantemente se ha detectado que el personal que tiene contacto con las víctimas, como el adscrito al Ministerio Público y a los servicios de salud, carece de capacitación y actitud para atenderlas y apoyarlas en crisis, por lo que “el acceso a la justicia y la reparación del daño, se perciben fuera de su alcance”.

Argumentó que el respeto a los derechos de las víctimas y su participación activa en el proceso penal cobra importancia de orden público, de ahí que sea fundamental colocar su protección y atención en el marco de sus garantías individuales y no sólo de los deberes morales.

Con esta ley, agregó, se establecen las definiciones de víctima directa e indirecta, contemplando en esta última al o la cónyuge, compañero permanente, concubinario, hijos, familiares en primer grado de consanguinidad o quien dependa económicamente de ella, así como los sujetos que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro.

También resaltó que incluye derechos que engloban aspectos judiciales y de acceso a la justicia, atención psicológica y médica, asistencia social, reparación del daño, reinserción social, así como protección y salvaguarda de su integridad, imagen propia y vida privada.

La diputada del PRD enfatizó que con este nuevo ordenamiento la CNDH será la institución encargada de diseñar y mantener el Registro Nacional de Víctimas por actos realizados por fuerzas policíacas, armadas y de los grupos criminales.

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