La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI) impulsa reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de homologar los requisitos para la prestación de servicios de empresas de seguridad privada y armonizar las regulaciones federales, estatales y del Distrito Federal en esta materia.

Señaló que son diversos los requerimientos que exigen las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, además de los establecidos en la Ley Federal de Seguridad Privada, para autorizar el servicio a las empresas privadas de seguridad.

“Se imponen 114 requisitos adicionales, diferentes en cada una entidad, lo que impide su cabal cumplimiento, restando eficiencia en la prestación de los servicios”.

Señaló que además de la multiplicidad de requisitos establecidos en la norma, hay otros que generan la interposición de controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la cláusula de exclusión de extranjeros, pues no hay disposición que restrinja la prestación de estos servicios como actividad económica reservada de manera exclusiva a sociedades o ciudadanos mexicanos.

“Al incluir esta disposición en la regulación estatal de dicha actividades se invade la facultad exclusiva de la federación para legislar en materia de inversión extranjera y constituirse como rector en la materia”, puntualizó.

En su iniciativa, enviada a la Comisión de Seguridad Pública, Aguirre Maldonado enfatizó la necesidad conservar la facultad de las autoridades locales de dar permisos si los servicios los presta una empresa en dos o más entidades federativas.

Asimismo, homologar los requisitos que establecen los diferentes ordenamientos locales, a fin de observar lo dispuesto en las leyes General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Federal de Seguridad Privada.
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