Para que los sindicatos de empleados federales y de empresas paraestatales, estén obligados a rendir cuentas sobre los recursos públicos y apoyos gubernamentales que les son entregados, la diputada Laura Arizmendi Campos (Movimiento Ciudadano), propuso reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Agregó que es necesario que la sociedad sepa qué pasa con los recursos públicos que se entregan a los sindicatos. “La transparencia que planteamos en el uso y manejo de los recursos públicos de los sindicatos constituye una propuesta viable, sensata y necesaria para la vida democrática de nuestro país”, dijo.

Subrayó que el esquema de relaciones entre dirigentes gremiales de agrupaciones dentro del sector público y funcionarios de alto nivel, ha permitido que recursos fiscales fluyan hacia los sindicatos, sin que exista la obligación de rendir cuentas sobre su manejo y destino.

La iniciativa, señala que, de acuerdo con el Informe Latinobarómetro 2011, estas entidades se encuentran entre las que gozan de un menor nivel de confianza ciudadana.

“Se debe considerar de vital importancia construir las condiciones jurídicas que permitan vencer las resistencias existentes para abolir la opacidad de los servidores públicos, en tanto son beneficiarios de recursos públicos”, expresó la legisladora.

Resaltó que la falta de transparencia ha hecho casi imposible saber la magnitud de los recursos que se operan dentro de las asociaciones gremiales de servidores públicos.

“No podemos negar la importancia política de los sindicatos, que en su calidad de asociaciones de trabajadores han sido fundamentales para la conquista de garantías laborales; sin embargo, es necesario que hagan pública toda aquella información sobre los recursos públicos”.

Aseguró que ante la necesidad de no postergar más las reformas que consoliden la vida democrática, se vuelve obligado discutir las implicaciones de la transparencia en los sindicatos.

Aclaró que conocer los montos y destino de los recursos públicos aportados a un sindicato no conlleva una intromisión a la libertad de administración, simplemente se limita al derecho que tiene la ciudadanía de contar con información sobre los recursos para evitar una desviación en su manejo.

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