• El diputado Arturo Vázquez impulsa reformas al Sistema Nacional de Seguridad Pública

20-02-2012.- La Comisión de Seguridad Pública analiza una iniciativa para que las instituciones de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios se coordinen para proteger a los usuarios de las tecnologías de la información y comunicación a fin de prevenir perjuicios a la integridad física, moral y material de las personas.

La iniciativa que reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública considera que en México más de la mitad de los delitos que se cometen por medio del Internet están relacionados con la pornografía infantil y el abuso sexual contra menores.

De acuerdo con el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), 5 de cada 10 niños que usan Internet son contactados por un pederasta o alguna organización criminal con fines de explotación sexual.

Más de 100 mil fotos y videos de niños y adolescentes mexicanos se intercambian en páginas web y correos electrónicos, según datos de la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

La iniciativa que impulsa el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar (independiente), precisa que mensualmente 100 menores son nuevas víctimas de pornografía infantil en México, reportándose 5 mil 528 denuncias al año ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Ante ello, México es considerado el segundo país con mayor producción de pornografía infantil a nivel mundial, sólo por debajo de Estados Unidos y España, registrando diariamente 4.5 delitos cibernéticos contra menores.

Entre otros delitos cibernéticos se incluyen la extorsión, robo de identidad, tráfico indebido de información personal, sabotaje de cuentas bancarias, ciberterrorismo y secuestro virtual.

Según el Reporte de Crimen Cibernético 2011, 8 de cada 10 adultos han sido víctimas de fraudes a tarjetas de crédito, robo de identidad, amenazas y extorsiones.

Por lo anterior, la iniciativa tienen el propósito de establecer la inmediata intervención del Estado, a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para lograr que las instituciones de seguridad pública de la federación, estados y municipios, así como del Distrito Federal, se coordinen para impulsar una política integral y efectiva de prevención de los delitos cibernéticos.

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