Durante la sesión de hoy diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano emitieron sus comentarios relativos al Informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Al dar su posicionamiento, el diputado César Augusto Santiago Ramírez (PRI) señaló que de cada 10 auditorías realizadas por la ASF tres tienen dictamen limpio y siete son negativos; además, que el 28 por ciento de las dependencias y entidades auditadas no dieron información al órgano de fiscalización superior.

“A la Secretaría de la Función Pública le corresponde revisar mil 961 indicadores del desempeño para ver si las metas de los programas se han cubierto, mil 961. La Cuenta Pública del 2010 reporta que nada más revisó 156 indicadores; es decir, el ocho por ciento de su responsabilidad. Consecuentemente el secretario de la Función Pública tiene un 8 por ciento de autoridad moral”.

Por su parte, el diputado del grupo parlamentario de Acción Nacional, Gastón Luken Garza, mencionó que es necesario contar con una respuesta clara de cómo se manejaron los recursos y proceder a la sanción que ameriten independientemente del gobierno federal, gobierno estatal o de partido alguno.

“Se nos ha entregado un informe que ciertamente tiene datos que preocupan. Éste es un informe inicial ante la Cámara de Diputados, sobre las observaciones que ha hecho la Auditoría a estos entes y estos entes están todavía en su momento, en posición procesal para responder a esos casos, a esas observaciones y para solventar esas observaciones”.

De igual forma, la diputada Esthela Damián Peralta, del grupo parlamentario del PRD, advirtió que los subejercicios son favorecidos por los retrasos entre las reglas de operación de los programas, la solicitud y la ejecución de recursos, así como una estrategia para reasignación de los recursos que terminan en subejercicio; “son el doble de lo que distribuye la Cámara de Diputados” indicó.

“No conocemos con exactitud los recursos que ellos reasignan de manera discrecional, y estos recursos en estos momentos son más del doble de los que anualmente distribuye esta Cámara de Diputados”.

En su turno, el diputado Pablo Escudero Morales, del PVEM, dijo que se comprobó en la cuenta pública que el precio de la Estela de Luz, con la firma de dos convenios modificatorios por 468 millones de pesos, no tiene justificación.

“El descaro y la corrupción no llegaron ahí. Cuando llegó la Auditoría Superior de la Federación a revisar a la empresa del beneficiado, le dijo: yo no hice nada, contraté a otra empresa. Y cuando acudió la Auditoría Superior a la otra empresa, ésta le dijo lo mismo: yo no hice nada, contraté a otra. Así en cinco ocasiones”.

Por su parte, el legislador Gerardo Fernández Noroña (PT) mencionó que en el caso del Seguro Popular la ASF encontró que en 20 estados es deficiente y en los 31 estados no se devengaron los recursos al 100 por ciento; no garantiza la seguridad social a los trabajadores del país, sostuvo.

En el mismo sentido, la legisladora Laura Arizmendi Campos, de Movimiento Ciudadano, comentó que en los gastos realizados con motivo de la conmemoración de las fiestas del Bicentenario, de acuerdo con la cuenta pública 2010, no existió una planeación adecuada de las actividades y los recursos destinados para ello no se administraron.

“Resulta lamentable la actuación del gobierno federal ante el proyecto Estela de Luz, por lo que apoyamos la recomendación hecha por la Auditoría Superior de la Federación para que no se realice el finiquito por la construcción del monumento, en tanto no se esclarezca la totalidad de las observaciones formuladas por el órgano fiscalizador”, manifestó

En las ronda de participaciones, el diputado Carlos Flores Rico (PRI) indicó que la Cuenta Pública y el informe del auditor sirven para que la nación vea cómo están las cosas en la Administración Pública. “Y las cosas andan muy mal, no hay resultados, anda mal la eficiencia y no hay calidad del ejercicio de gobierno”.

El diputado Jesús Alberto Cano Vélez (PRI) expresó que es necesario mejorar el marco legal de la fiscalización, así como reformar la Constitución para que se respete la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados. “Tenemos que optar por una fiscalización preventiva con una verdadera participación ciudadana”.

En tanto, el diputado Sebastián Lerdo de Tejada (PRI) dijo que el Auditor Superior de la Federación reprobó a la Secretaría de la Función Pública. “La secretaría creada para tener los controles anticorrupción en el gobierno está reprobada, pues bajar la lupa a las demás, pareciera ocioso”. Por lo que pidió que comparezca ante el Pleno el secretario del ramo.

Por el PAN, el diputado Marcos Pérez Esquer señaló que de acuerdo con el informe, el problema del mal manejo de los recursos públicos en México está en los altos niveles de corrupción e impunidad que hay en los estados y municipios. “No obstante que los estados manejan el 25 por ciento de los recursos federales son éstos los que generan el 66 por ciento de las observaciones”.

La diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (PAN) manifestó que es de la mayor importancia la discusión de los resultados de las auditorías; “ahora sí podemos venir a hablar de estos temas, todos los diputados, de todos los partidos, lástima que a la gente nunca se le discutió lo que pasaba dos sexenios hacia atrás, nadie se enteraba de lo que pasaba en México”.

En su turno, el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (PAN) indicó que su partido siempre ha acusado la corrupción y exigido que se investigue y se sancione al que se le demuestre que ha violado la ley. “Corruptos azules, tricolores, amarillos o del color que sea que se vayan a la cárcel, pero que se investigue de fondo, se pruebe, y a cada uno de ellos se les sancione”.

Del PRD, el diputado Vidal Llerenas Morales consideró que los resultados del análisis de la cuenta pública son un “reflejo de un gobierno que no actúa ni con eficiencia ni con respeto a la ley”. El informe es una terrible muestra de dispendio, desviaciones y negación a dar resultados y cuentas por parte de la mayoría de las entidades federativas en el tema de educación y en el tema de salud.

El diputado Agustín Guerrero Castillo (PRD) dijo que el informe de la Auditoría Superior de la Federación debe tener como resultado sanciones firmes en contra de los servidores públicos corruptos, cárcel e inhabilitación, “ya que hay gente que utiliza sus cargos públicos para servirse de ellos”.

El diputado Avelino Méndez Rangel (PRD) consideró que se debe buscar sancionar, meter a la cárcel a los corruptos y poner alto a la impunidad. “Vamos a mejorar nuestro país si combatimos este flagelo”.

En su participación, el diputado Gerardo Flores Ramírez (PVEM) enfatizó que es preocupante que de mil 31 auditorías celebradas con relación a la Cuenta Pública del año 2010, la Auditoría Superior de la Federación informe que 297, es decir, el 28.8 por ciento tienen un dictamen negativo. Uno de los más escandalosos es el del IMSS, al cual se le estiman daños al patrimonio por cerca de 100 millones de pesos.

El diputado Juan Carlos Natale López (PVEM) subrayó que se debe elaborar un calendario para revisar todas las observaciones de la ASF, a fin de analizar las corruptelas y denuncias que permitan llevar a cabo el trabajo necesario para hacer justicia del patrimonio nacional.

Por su parte, el diputado Mario Di Costanzo Armenta (PT) recalcó que durante 2007 y 2010 la deuda pública se incrementó y “tuvimos ingresos en exceso por 800 mil millones de pesos. Hay 57 millones de pobres en el país y la economía ha crecido a un promedio de uno por ciento anual”.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (PT) dijo que se pretende despedir a más de 300 mil mujeres, hombres y jóvenes trabajadores del Seguro Social, por lo que expresó su solidaridad y “vamos a impedir que acaben con el trabajo de más de 300 mil trabajadores”.

En su oportunidad, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) señaló que, como servidores públicos, los legisladores deben presentar una denuncia de carácter penal ante la Procuraduría General de la República, donde se dé cuenta de todas las observaciones, recomendaciones y resultados del informe de la ASF.

En tanto, la diputada Teresa Rosaura Ochoa Mejía (Movimiento Ciudadano) precisó que el informe de la Cuenta Pública presenta serias inconsistencias e irregularidades de la Administración Pública, “que tiene al país en crisis, sin rumbo, con pésimos resultados en todos los rubros y con la necesidad de un proyecto de nación que nos permita salir de la profunda crisis política, económica y social”.

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