• Su aplicación debilitará la estructura financiera de la delincuencia

La Comisión de Justicia aprobó por unanimidad reformas a la Ley Federal de Extinción de Dominio con las cuales se perseguirán bienes provenientes de actividades ilícitas, ya sea de forma directa o indirecta.

Establece que el Ministerio Público podrá solicitar la autorización de diversas medidas cautelares para mayor eficacia al procedimiento, así como la presunción de bienes relacionados a hechos ilícitos cuando no se acredite su procedencia lícita.

El presidente de la Comisión, diputado Humberto Benítez Treviño (PRI) señaló que despojar a la delincuencia organizada de sus bienes será muy importante en la lucha que emprendió el Ejecutivo. Hay un compromiso de los diputados con el país, sin importar los colores del partido al que pertenezcan, aclaró.

“Hoy aportamos de una herramienta muy importante; éste es un instrumento autónomo independiente de responsabilidades penales”, subrayó.

Reconoció el esfuerzo que el gobierno federal ha realizado en la lucha en contra del crimen organizado, por lo que consideró que esta reforma brindará herramientas.

El diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI) indicó que esta modificación ayudará a lograr un combate más eficaz al crimen organizado, ya que al pasar estos bienes a propiedad del erario público dejarán de ser instrumentos de la conducta criminal. “Es un instrumento fuerte que pega en donde duele”.

Por su parte, el diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez (PAN) explicó que mediante esta reforma se amplía el concepto de bienes que provengan directa o indirectamente de un delito, bastando solamente la existencia de un hecho ilícito.

Mencionó que las acciones de extinción de dominio se encuentran por debajo de lo esperado por lo que, afirmó, no ha habido avances para debilitar la estructura financiera de las organizaciones criminales.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua (PAN) dijo que de esta forma se quita un brazo financiero a la delincuencia organizada, así como a quienes viven de la corrupción.

En este sentido, el diputado Leonardo Arturo Guillén Medina (PAN) exhortó a los congresos locales a realizar los cambios pertinentes en sus legislaciones para complementar la reforma aprobada. “No basta sólo con el otorgamiento de más recursos; hace falta un compromiso”.

Por su parte, el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella (PRI), reconoció que debe haber una revisión en la redacción del documento para evitar que “justos no paguen por pecadores”, debido a que existen casos de personas que denuncian el uso de inmuebles de su propiedad para actividades ilícitas y pueden caer en una confusión.

El diputado Pedro Vázquez González, coordinador del grupo parlamentario del PT, destacó que de esta forma se hace más eficaz la Ley Federal de Extinción de Dominio, ya que se amplía la información que la que puede disponer el Ministerio Público para que comience con el proceso de extinción.

“Estamos dando al MP instrumentos jurídicos; a los delincuentes les duele más la pérdida de una propiedad fruto de ilícitos que el encierro” sostuvo.

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