23-02-2012.- El Pleno Camaral aprobó un dictamen para otorgar a las personas con discapacidad su acceso y permanencia en el sistema educativo nacional en todos los niveles y modalidades, sin discriminación, con equidad y en igualdad de oportunidades.

Con reformas a la Ley General de Educación, avaladas por 309 votos a favor, cero en contra y 5 abstenciones, se establece que la enseñanza que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización, deberá fomentar la educación inclusiva.

En el dictamen, se contempla como infracciones de quienes prestan servicios educativos, el negar la inscripción, aislar, segregar o discriminar a las personas con discapacidad, así como omitir llevar a cabo los ajustes necesarios para garantizar su inclusión.

Se indica que las autoridades en la materia tendrán que editar en formatos accesibles para las personas con discapacidad los libros de texto gratuito y demás materiales, así como capacitar a los maestros y personal de las instituciones de educación regular que atiendan alumnos con discapacidad, así como a los padres de familia o tutores.

El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo (PRI) señaló que en 2010 menos del 8 por ciento de las personas con discapacidad tenían educación básica completa, mientras que los niños y niñas con discapacidad enfrentaron hasta diez veces más exclusión en la escuela, la cual va del 26 por ciento en el nivel primaria y cerca del 95 por ciento en el superior.

Dijo que con las reformas se busca que las personas con discapacidad puedan acceder en igualdad de condiciones a las instituciones educativas, ya que cerca del dos por ciento de la población tiene algún tipo de discapacidad, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Mencionó que la autoridad educativa federal establecerá criterios generales para realizar los ajustes que garanticen la educación inclusiva, complementándose con la capacitación a los maestros y personal. También reconocerá y apoyará la participación de la sociedad civil.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota (PRD) indicó que el promedio educativo de las personas con discapacidad es de 4 años, por lo que “somos el sector con menor índice educativo. Es trascendental que se vayan previendo todas las acciones necesarias para que el Estado pueda promover y fortalecer la educación a las personas con discapacidad”.

Detalló que todas las discapacidades son distintas, así como las necesidades educativas de las personas en esta situación, por lo que la garantía de realizar un modelo de enseñanza-aprendizaje, en el cual se trabaje de manera unitaria, es decir, de forma individual, es muy importante.

Por el PAN, la diputada Paz Gutiérrez Cortina expresó que la reforma busca transitar de un enfoque de integración a uno de inclusión, toda vez que la Unesco para América Latina y El Caribe ha planteado avanzar hacia sistemas educativos más incluyentes, participativos y democráticos.

Refirió que muchas personas han sido excluidas del sistema educativo; las personas con discapacidad son las que más sufren por esta exclusión. “Son ellas las que frecuentemente se les relega a un ocultamiento, a una segregación o a una discriminación inaceptable”.

A su vez, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI) puntualizó que la educación debe seguir siendo tema en la agenda de los grupos parlamentarios y que la enseñanza pública, a pesar de ser un derecho fundamental, no es otorgada a la totalidad de las niñas y niños del país.

Resaltó que a pesar de que se han implementado escuelas de tipo público y privado, aún se observa que los sectores más marginados de la población no tienen la posibilidad de cumplir con esta formación básica.

La diputada María del Pilar Torre Canales (Nueva Alianza) argumentó que la exclusión social y educativa es una realidad que es imprescindible combatir para lograr que tanto las personas con discapacidades, como aquellas que tienen aptitudes y capacidades sobresalientes, puedan acceder a una educación efectiva en igualdad de condiciones.

Subrayó que si bien en los últimos años se ha dado prioridad a eliminar la exclusión educativa, el dictamen enriquece la legislación al reforzar la atención a la diferencia de los grupos vulnerables. “La inclusión, como un signo de equidad y una pieza fundamental para hacer efectivo al derecho a la educación en México”.

Aprobado en lo general y particular se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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