• En marzo, 108 mil 352 jornaleros obtendrán el beneficio económico

26-02-12 Con la entrega de apoyos económicos a 108 mil 352 ex braceros en el mes de marzo, la Cámara de Diputados no dará por concluido este asunto, ya que existe constancia en la Secretaría de Gobernación de que fueron más de tres millones y medio los trabajadores agrícolas migratorios contratados por Estados Unidos entre 1942 y 1964, como parte de un acuerdo bilateral con México.

Señalaron lo anterior los diputados Enrique Ibarra Pedroza (PT), Hilaria Domínguez Arvizu (PRI) y Samuel Herrera Chávez (PRD), presidente y secretarios de la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Ex trabajadores Mexicanos Braceros, quienes anunciaron que darán seguimiento al pago de los apoyos.

Coincidieron en que se debe hacer justicia a estos trabajadores que por derecho les correspondía un monto por el fondo de retención de salarios y que el gobierno federal no les entregó.

Ibarra Pedroza recordó que en el convenio binacional, que duró de 1942 a 1964, se establecía la creación de un fondo de retención del 10 por ciento de los salarios que percibían los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, el cual se depositó en la Wells Fargo, transfiriéndose al Banco de México y éste a su vez al Banco Nacional de Crédito Agrícola, así como al Banco del Ahorro Nacional para ser entregado a los braceros a su regreso al país.

Añadió que el 12 de julio de 1975, al fusionarse el Banco de Crédito Agrícola con el Banco Nacional de Crédito Agrícola Rural (Financiera Rural), los trabajadores braceros quedaron en indefensión al no encontrarse documentación que amparara tales transferencias.

Los recursos de los ex braceros, aseguró por su parte el diputado Samuel Herrera Chávez, fueron utilizados por el gobierno federal para la creación de edificios y otras obras públicas.

Ante esta situación, dijo, se hace necesario dar seguimiento a los folios que tiene en sus archivos la Secretaría de Gobernación y el gobierno de Estados Unidos.

Por otra parte, refirió, la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Ex trabajadores Mexicanos Braceros impulsará la aprobación de una reforma a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos antes de que concluya la LXI Legislatura, con el objetivo de que ningún ex bracero quede excluido.

Destacó que hay un registro de tres millones y medio de trabajadores que prestaron su fuerza laboral en Estados Unidos, entre 1942 y 1964, aunque se debe reconocer que muchos de ellos se inscribieron más de una vez porque regresaron a trabajar a ese país.

A su vez, la diputada Hilaria Domínguez Arvizu señaló que hay ex braceros que no tienen en su poder ningún documento probatorio, salvo la constancia de folio de la Secretaría de Gobernación y otro registro en Estados Unidos, por tal motivo, el Estado no puede desentenderse de ellos y no seguir regateando lo que por derecho les corresponde.

“Los ex braceros cumplieron con sus obligaciones y dieron origen a sus derechos al haberse desempeñado dentro del Programa Bracero en Estados Unidos. Corresponde ahora al Estado y al Poder Legislativo, idear, diseñar e incorporar al texto de la ley los mecanismos idóneos para que tanto los que tienen, como los que no tienen documentos, puedan acreditarse y reclamar lo que por ley les corresponde”, subrayó.

Finalmente, los legisladores coincidieron en que, a pesar de que se logró el pago de 38 mil pesos para cada uno de los 108 mil 532 ex braceros que entregaron toda la documentación requerida por el gobierno federal, queda pendiente la atención a otros que no han podido acreditar su participación en el convenio bilateral.

Señalaron que la reforma a la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, tiene como objetivo principal la creación de un padrón completo y abrir una nueva convocatoria para la incorporación de aquellos ex braceros que carecen de documentos.

Asimismo, incorporar en el texto de la ley el mecanismo de entrevista como alternativa para que los que no tienen documentos puedan acreditar su derecho e incorporarse al Programa de Apoyo Social.

“En cada una de las entidades federativas se constituiría un Comité Entrevistador, integrado por investigadores universitarios y especialistas en el fenómeno de la migración internacional”, concluyó Samuel Herrera.

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