Durante la sesión de hoy, diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano, emitieron sus comentarios relativos al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El diputado Gerardo Sánchez García (PRI) señaló que una de las observaciones de la cuenta pública es la carencia por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de procedimientos formales que regulen su operación y que los responsables de programas no supervisaron la veracidad de los recursos entregados a organizaciones por más de 27 millones de pesos.

Asimismo, dijo, “se exhiben actos grotescos de una Financiera Rural corrompida y cuya voracidad parece no tener límite. El daño patrimonial a la hacienda pública federal por esta financiera supera los 122 millones de pesos. Por ello, se ha solicitado, a través del Congreso de la Unión se practiquen auditorías administrativas y de desempeño a esta institución”.

Por su parte, el diputado Antonio Benítez Lucho (PRI) indicó que se evidencia la mala gestión de los funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y que del 100 por ciento de las quejas que ingresan a la Conamed, el 30 por ciento son del IMSS.

Por el PAN, el diputado Gerardo Cuadra García señaló que las observaciones en las Cuentas Públicas son para solventarlas y el funcionario o secretaría correspondiente tiene la facultad y obligación de dar a esas aclaraciones.

“Aceptamos que puede haber errores, pero se pueden corregir. Aceptamos que puede haber problemas de corrupción, que esa gente que tiene corrupción se le meta a la cárcel, de todos los partidos, en todos los gobiernos, en todas las instancias. Si hay corrupción en el federal que se castigue, pero también en los estados y en los municipios”, añadió.

La diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (PAN) consideró que se debe buscar que la Ley de Fiscalización tuviera una depuración, porque el proceso por el cual se lleva a cabo ese análisis resulta que “primero se dice que existen muchas observaciones y al final de cuentas queda en nada”.

El diputado Vidal Llerenas Morales (PRD) comentó que la cuenta pública es un cúmulo de problemas en materia de gasto público que no se ha resuelto y en cualquiera de las páginas del reporte se encuentra “un fraude, con un gasto no justificado, con un programa que no está dando resultados”.

“Exijamos cuentas y exijamos una fiscalización efectiva de los recursos” porque ni Veracruz, ni Coahuila, ni el Estado de México están presentando buenos resultados, dijo.

En tanto, el diputado Avelino Méndez Rangel (PRD) recalcó que la impunidad impide que en una cuenta pública irregular se tengan consecuencias penales para aquellos que cometieron las irregularidades.

En su turno, el diputado Juan Carlos Natale López (PVEM) subrayó: “nunca antes en la historia de este país se habían cometido tantas corruptelas como en 2010”. Es la vez que más observaciones ha hecho la Auditoría Superior de la Federación a cualquier gobierno federal.

La Estela de Luz, agregó, es “tan sólo un destello de la corrupción de todo lo que viene en todas las dependencias de gobierno, sin excepción, al mayor número de funcionarios públicos que nunca se les había hecho estos señalamientos”.

Del PT, el diputado Mario Di Costanzo Armenta cuestionó: quién va a castigar a los culpables de los 57 millones de pobres en este país que la Cuenta Pública reporta; y que hay 3.6 millones de personas que no reciben ninguna remuneración y 2.5 millones de desempleados.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) indicó que “no tiene por qué sorprender que la ASF encuentre las cosas que encuentra, que nosotros hemos denunciado permanentemente”.

La diputada María Guadalupe García Almanza (Movimiento Ciudadano) señaló que en los resultados del análisis de la Cuenta Pública 2010 se confirma la enorme discrecionalidad y desviación de miles de millones de pesos provenientes de recursos públicos.

Recalcó que su grupo parlamentario no cejará en su esfuerzo por erradicar la opacidad y demandará que se adopten las medidas correctivas indispensables, no sólo de manera enunciativa, sino a través de los recursos legales que correspondan.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el jueves 1 de marzo, a las 10:00 horas.

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