07-03-12.- La Cámara de Diputados aprobó enviar al titular del Ejecutivo Federal una queja, ante la falta de respuestas del secretario de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, durante su comparecencia en el Pleno, con base en el artículo 126 del Reglamento de este órgano legislativo.

A propuesta del diputado Armando Ríos Piter (PRD), presidente de la Junta de Coordinación Política, se solicitó someter a votación de los legisladores pedirle al Presidente de la Mesa Directiva enviar una queja al titular del Poder Ejecutivo Federal, “porque su secretario no se ha dignado a respondernos, prácticamente nada de lo que le hemos preguntado el día de hoy”.

El artículo 126 del Reglamento de la Cámara de Diputados, establece que: “Cuando alguno de los servidores públicos a que hacen alusión los artículos 69 y 93 constitucionales, no acuda a la Cámara o no conteste satisfactoriamente los cuestionamientos y dudas de los diputados y diputadas, estos podrán solicitar al Presidente que se dirija en queja al Titular del Poder Ejecutivo Federal, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley, respecto a las comparecencias de los servidores públicos”.

Ríos Piter subrayó que sería la primera vez que “estaríamos como Poder Legislativo pidiéndole esta queja al Poder Ejecutivo, lo que lo deja muy mal parado en las respuestas que nos ha dado”.

La propuesta fue aprobada en votación económica por el Pleno, para acudir en los términos del artículo126 del Reglamento en queja ante el titular del Poder Ejecutivo y en consecuencia de dar por cancelada la comparecencia.

Previamente, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo tomó protesta de decir verdad al funcionario, y legisladores de los siete grupos parlamentarios plantearon sus cuestionamientos al secretario de la Función Pública.

Posicionamientos

Al iniciar los posicionamientos, el diputado César Augusto Santiago Ramírez (PRI) mencionó que la Administración Pública Federal es un absoluto desastre. “Usted, con su magro desempeño, es en buena parte responsable de ello. Lo único que crece es la alta burocracia, en donde la Secretaría de la Función Pública es paradigmática, pues el 70 por ciento del dinero para las auditorías se gasta en altos funcionarios y el 30 para las auditorías”.

Por el PAN, el diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz expresó que la Secretaría ha realizado su trabajo al margen de cualquier visión y cuya labor ha permitido detectar en tiempo y forma diversas irregularidades, como es el caso de la Estela de Luz, “que en su proceso de licitación y de construcción presentó diversas irregularidades que fueron detectadas antes por ésta que por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)”.

A su vez, el diputado Agustín Guerrero Castillo (PRD) indicó que en el informe de la Cuenta Pública 2010 se detectó un escandaloso manejo inescrupuloso y corrupto de los recursos públicos por parte de la actual administración federal, aun cuando se dice que la consigna de la Secretaría es cero impunidad, pero “es una tapadera”.

El diputado Pablo Escudero Morales (PVEM) comentó que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) le ha enviado a la Secretaría, que es la encargada de la transparencia y de la rendición de cuentas, 174 revocaciones y le ha dicho: “te has equivocado”, por lo que el desprecio por la transparencia y la rendición de cuentas por parte de la dependencia es vergonzoso, lastima a la sociedad y fomenta la corrupción.

Del PT, el diputado Óscar González Yáñez resaltó que la Secretaría ha servido solamente como un instrumento para garantizar la legalidad de hechos corruptos y no hay justicia ni legalidad. “La fortaleza de un gobierno se encuentra en la confianza que los ciudadanos puedan tener en él y sólo puede lograrla cuando no haya corrupción”, añadió.

La diputada María del Pilar Torre Canales (Nueva Alianza) subrayó que los hechos de corrupción han propiciado que la sociedad crea que la fiscalización es incapaz de detectarla y combatirla de manera oportuna. “Es indispensable dar cuenta del impacto social del gasto público”.

A su vez, la diputada María Guadalupe García Almanza (Movimiento Ciudadano) comentó que corresponde a esa Secretaría dar a conocer por qué no se actuó con prontitud en temas emblemáticos, “plagados de corrupción, como lo constituye la Estela de luz o el gran número de gastos sin control por los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución”.

Preguntas

En la sesión de hoy, el diputado José Francisco Rábago Castillo (PRI) preguntó sobre los fundamentos jurídicos y las justificaciones técnicas para que la Secretaría llevara a cabo las transferencias presupuestarias por la suma de mil 60 millones de pesos y que fueron destinadas al fideicomiso Bicentenario.

La diputada Marcela Guerra Castillo (PRI) dijo: “Yo le pido que me conteste también el caso sonado de Pemex, donde el entonces secretario de la Función Pública, publicitó en los medios de comunicación que había un gran fraude a la nación por la vía de Pemex”.

A su vez, el diputado Marcos Pérez Esquer (PAN) expresó que el problema de la corrupción en México se da más en los estados y municipios del país que en el gobierno federal. Cuestionó las acciones y sanciones de la Secretaría contra servidores públicos de las entidades, dado que en la Cuenta Pública 2010 saltan a la vista casos de corrupción en el Estado de México, Veracruz, Distrito Federal y Coahuila.

El diputado Enrique Torres Delgado (PAN) preguntó el estatus de la solventación de las observaciones a las cuentas públicas del 2001 al 2009 y el número de funcionarios públicos estatales sancionados y encarcelados por los malos manejos de los recursos. “Los estados que le abonan más a este tema de la corrupción, y que del 40 por ciento de las observaciones detectadas son Nayarit, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Hidalgo, Veracruz y el Distrito Federal”.

La diputada Esthela Damián Peralta (PRD) se manifestó por conocer las funciones que cumple la SFP ante obras tan caras y ociosas, como la Estela de Luz; los subejercicios en áreas sensibles de seguridad pública, agricultura, comunicaciones, desarrollo social, así como los recursos sobre ejercicios de la Secretaría de Hacienda y la Presidencia de la República.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD) lamentó que el funcionario no le haya dado una respuesta puntual de cuánto cuesta realmente la Secretaría de la Función Pública y el monto total de las sanciones a servidores públicos por la falta de observancia.

Por el PVEM, el legislador Pablo Escudero Morales indicó que dado que también reciben la Cuenta Pública, es fundamental conocer qué se hizo con los informes de 2007, 2008 y 2009, para evitar que el Instituto Nacional de Medicina Genómica se convierta en la nueva Estela de Luz.

Enfatizó que, ante la falta de respuestas del funcionario, “vamos a presentar un recurso de queja en contra del Presidente de la República, porque esto es una burla al Congreso”.

El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta (PT) señaló que el titular de la SFP “representa toda la corrupción de este gobierno que es insalvable e inescondible. Los invito a iniciar el juico político contra este funcionario que es una vergüenza nacional”.

A su vez, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) comentó que la Estela de Luz “es un cuerpo en podredumbre, de corrupción y descomposición. Es una vergüenza esta comparecencia. No puede ser que sigamos tolerando la mentira, la falsedad, la impunidad, la simulación, la corrupción solapada del principal funcionario que debía estar atacando eso”.

La diputada María del Pilar Torre Canales (Nueva Alianza) pidió conocer las observaciones de más alto impacto que ha llevado a cabo la Secretaría, toda vez que la corrupción en México es un tema complejo y delicado que urge abordar.

De Movimiento Ciudadano, la diputada Laura Arizmendi Campos resaltó que en el andamiaje institucional para inhibir casos de corrupción, es fundamental considerar las recomendaciones que hace la ASF, a fin de tener elementos que permitan determinar que en México se han consolidado mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia.

Titular de la Secretaría de la Función Pública

En su oportunidad, el secretario de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos detalló que se han abierto 28 auditorías a 19 dependencias y entidades del Ejecutivo Federal en cuanto a los festejos del Bicentenario; de ellas 27 están concluidas y una en proceso.

Sobre el Fideicomiso del Bicentenario, mencionó que la dependencia inició en el mes de agosto de 2011 una auditoría dirigida al Comité Técnico del mismo, pero dicha “revisión se encuentra en etapa de ejecución”.

Respecto a la Estela de Luz, comentó que ya se realizaron tres auditorías y dos investigaciones. De las auditorías se han determinado 28 observaciones; 18 de alto impacto, de las cuales tres se solventaron y 15 están en procedimientos de responsabilidades administrativas.

Mencionó que derivado del proceso de fiscalización, la SFP destituyó e inhabilitó por 12 años para ocupar cualquier empleo en el gobierno federal al ex director general de la empresa paraestatal Triple III Servicios y, por un año al ex gerente de Administración y Finanzas y al ex gerente jurídico de Petróleos Mexicanos.

De igual forma, dijo, se interpuso denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en contra de cuatro ex servidores públicos de Triple III Servicios, y se realiza un procedimiento de investigación sobre la excepción a la licitación para el contrato de construcción del monumento Estela de Luz y el contrato de supervisión a la obra.

En la comparecencia, Morgan Ríos enfatizó que la dependencia ha realizado auditorías a los estados y municipios y una de las sanciones es el resarcimiento y la devolución de fondos que no han sido utilizados. En lo que va del sexenio se recuperaron, por esta causa, alrededor de tres mil millones de pesos.

Precisó que en lo que va de la presente administración, el gobierno ha aclarado y solventado un total de 12 mil 570 acciones y recomendaciones de las 11 mil 655 que la ASF ha notificado. Es decir, se ha solventado el 99.3 por ciento de las observaciones.

Manifestó que las observaciones que se han hecho al Instituto Nacional de Medicina Genómica están en tiempo de aclaraciones y explicaciones para aplicar algún procedimiento de responsabilidad, ya que durante el cuarto trimestre de 2011 el Instituto realizó una auditoría al proceso de planeación, presupuestación, adjudicación, contratación y ejecución.

Expresó que la presente administración federal ha interpuesto 400 denuncias penales por actos de corrupción, mientras que de 1983 al 2006, se presentaron sólo 312, es decir, en estos cinco años se han interpuesto 88 denuncias penales más, que en los 23 años anteriores.

Además se han visto involucrados mil 884 servidores públicos y 888 particulares; denunciado penalmente a más de dos mil personas por actos de corrupción: impuesto sanciones administrativas contundentes e inhabilitaciones de instituciones a siete mil 559 servidores públicos, así como impuesto mil 802 sanciones administrativas a empresas.

Resaltó que la dependencia “ha atendido y atenderá, el cien por ciento de las observaciones y recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación porque para el Gobierno Federal la Cuenta Pública no es un mero informe que se queda sin consecuencias”.

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