• Cambiar el modelo de supervisión: diputada Esthela Damián

21-03-2012.- Durante el análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2010, diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señalaron que existe impunidad y discrecionalidad en el ejercicio del gasto, por lo que debe cambiarse el modelo de fiscalización.

En las mesas de análisis Sector Hacienda y Crédito Público y Funciones de Gobierno y de Auditoría a Entidades Federativas y Municipios, la diputada Esthela Damián Peralta, presidenta de la instancia legislativa, señaló que se percibe que en los temas de Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y Seguridad Social, se desvían los recursos públicos “para robárselos en beneficio de particulares, pero no se tienen los elementos para iniciar las denuncias penales”.

“No podemos creer que exista una verdadera impunidad, pero además que ustedes no solamente la detecten y la dejen inscrita e impresa, sino que sobre esos temas no podamos hacer algo más”, dijo.

Consideró que existen asuntos grotescos que lastiman la imagen y credibilidad de la ASF, particularmente “estamos esperando acciones más fuertes y contundentes en relación a hechos en donde me parece que una responsabilidad administrativa es insuficiente”.
La APF no debe ser un desastre

El diputado César Augusto Santiago Ramírez (PRI) subrayó que la Administración Pública Federal debe llevar a cabo un buen ejercicio de rendición de cuentas, “ya que en este país a nadie le importa, es un asunto pendiente que sólo se toca ligeramente, pero que no forma parte del contenido real de nuestra democracia”.

Ante ello, dijo que el resultado es el desastre que representa actualmente la Administración Pública Federal, lo que indica que el modelo actual no funciona y debe cambiarse. “Me interesa que la administración pública no sea un desastre, que los programas funcionen, que la sociedad le devuelva la confianza al servicio público de que sirve para algo”.

Expresó que no todo se resuelve con nuevas sanciones o reformas legales, “qué caso tienen todo este ejercicio, si toda esta labor talentosa de ustedes y de los legisladores, va a quedar conferida a un oscuro servidor público de quinta categoría que sólo va a escribir un oficio y después ya no puede hacerse nada más”.

No hay subejercicio

En tanto, el diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz (PAN) precisó que el informe del cuarto trimestre de 2010 señala que el monto de subejercicio pendiente de subsanar en los tres trimestres anteriores, resultó en cero. “Además, la ASF no concluye haber constatado que de la revisión de la Cuanta Pública hubiese información de ese supuesto subejercicio”.

Señaló que la ASF reportó a los diputados que la SHCP -en respuesta a las inquietudes del ente fiscalizador, con motivo de esta auditoría especial-, indicó que la legislación no establece la metodología específica para el cálculo del subejercicio, pero sí la faculta para determinarlo.

“Exhortamos a la ASF a mejorar el rigor técnico de las revisiones que realiza, apegándose a lo que la ley le mandata, con el único fin de mejorar la calidad de los dictámenes de las Auditorías que lleva a cabo, de tal forma que contribuya verdaderamente a mejorar la calidad del ejercicio del gasto público, emitiendo dictámenes objetivos”.

Faltan sanciones

Mario Alberto Di Costanzo Armenta (PT) afirmó que la Secretaría de Hacienda es el principal peso en contra del desarrollo del país, ya que la discrecionalidad que tienen para el ejercicio del gasto es manifiesta. “¿Qué pasa con esta gran diferencia de apreciaciones, entre sus denuncias, sus solicitudes, y la forma de actuar o no actuar de la Función Pública?”.

Con respecto a la profesionalización en la PGR, señaló que se constató que el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría no remueve al personal que reprueba los exámenes o los controles de confianza. “En el periodo 2006-2010, fueron destituidos 51 servidores públicos de los dos mil 140 que no aprobaron los exámenes”.
Inconsistencias en inventarios del IMSS

La diputada Elsa María Martínez Peña (Nueva Alianza) manifestó que la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, practicada al Instituto Mexicano del Seguro Social, que tuvo por objeto verificar los bienes inmuebles, tuvo un resultado en sentido negativo debido a que el IMSS no tiene registrados mil 36 inmuebles inventariados, de los cuales se desconoce su valor y no se encuentran inventariados 339 inmuebles registrados en la contabilidad con valor de mil 750 millones de pesos.

“Situación que me parece alarmante por todo lo que puede implicar, dado que estamos hablando de un universo de 18 mil 600 millones de pesos en los rubros de construcciones en servicios y terrenos”.

Aumentó la deuda

El auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, precisó que el saldo de la deuda bruta del sector público federal representó 34 por ciento del PIB en 2010. De 2006 a 2010 la deuda externa se duplicó, al pasar de 54.8 miles de millones de dólares a 110.4 miles de millones de dólares; y la interna aumentó en 76.9 por ciento.

La deuda de estados y municipios se incrementó en 43 por ciento de 2008 a 2010, alcanzando un monto de 315 mil millones de pesos que representa el 72 por ciento de las participaciones federales que les corresponden. En comparación con 2009 el saldo de la deuda estatal al término de 2010 tuvo un incremento de 19.6 por ciento en términos reales, resaltó.

Detalló que el saldo de la deuda estatal al término del año 2011, según el análisis sobre las fuentes de la SHCP, ascendió a 391 mil millones de pesos en el que 13 entidades concentran el 81.4 por ciento del total.

Al explicar el endeudamiento de los estados y municipios, el titular de la ASF refirió que en materia de educación, en los fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) se registraron diversas irregularidades.

Entre otras, se transfirieron recursos a cuentas bancarias distintas; hubo pagos indebidos o excedentes a trabajadores, así como plazas no autorizadas. Concluye que los logros del sistema educativo han sido más de carácter extensivo (aumento en la matrícula e infraestructura) que de calidad, además de que persisten las insuficiencias en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria.

Seguridad y procuración de justicia

Portal señaló que en materia de seguridad pública, respecto a la prevención social del delito, de los 11 programas de la Secretaría de Seguridad Pública sólo se aplicaron en el 16 por ciento de los 2 mil 456 municipios del país. Además, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública no realizó acciones con organizaciones de los sectores social y privado, ni con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para discutir y perfeccionar las políticas públicas en la materia.

En la capacidad operativa, añadió, de cada 100 servidores públicos de la SSP, sólo seis se emplearon en acciones de prevención del delito y fomento de la participación ciudadana; y de cada 100 pesos ejercidos, cuatro se destinaron a estas actividades.

En procuración de justicia en 2010, la Procuraduría General de la República consignó ante tribunales 46 mil 733 averiguaciones previas, lo que respecto de 2006 significó un incremento promedio anual de 9 por ciento. En el año de referencia, de cada 100 consignaciones, 94 obtuvieron sentencia condenatoria. Sin embargo, el 66.4 por ciento de las despachadas no continuó el proceso penal, sostuvo.

En cuanto a seguridad pública, el auditor superior concluyó que se registraron subejercicios de forma recurrente en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y los Subsidios para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN).

Asimismo, abundó, hubo transferencias hacia cuentas bancarias cuyo destino se desconoce; se registró un reducido avance en la certificación del personal, lo que ha limitado el proceso de profesionalización y no se implantó el Servicio Profesional de Carrera Policial en el 55 por ciento de los municipios auditados, amén de una deficiencia operativa en el Sistema Plataforma México. “En general, son insuficientes los avances en el desarrollo del nuevo modelo policial y en la profesionalización del personal”.

El funcionario dijo que la auditoría sobre gestión del control que se realizó a la Secretaría de la Función Pública y a cinco órganos internos de control, se revela una insuficiente supervisión en el cumplimiento de metas y avances del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción.

Mencionó que los pasivos laborales acumulados en los regímenes pensionarios ascendieron a 3.9 billones de pesos, monto que representó el 86.5 por ciento de la deuda bruta del sector público federal en 2010.

En el caso del Seguro Social las inversiones realizadas al 31 de Diciembre de 2010 han tenido un efecto financiero negativo por 503 millones de pesos sobre su costo de adquisición y de continuar con esa tendencia limitará la disponibilidad de sus recursos para el otorgamiento de nuevos créditos a la población, dijo.

Enfatizó que los proyectos de infraestructura de manera recurrente presentan retrasos en su proceso de contratación, ejecución y puesta en operación, así como incrementos sustanciales en su costo-presupuesto.

Por lo que respecta al sector salud, dijo, el Seguro Popular tuvo un monto de 37 mil 30 millones de pesos, sin embargo, registró irregularidades, como fue el pago de plazas interinas sin autorización; financiamiento indebido a programas federales y estatales; transferencias a otras cuentas bancarias; facturas no relacionadas con medicamentos subrogados; compra de medicamentos a precios superiores y no incluidos en el Catálogo Universal de Servicios Especiales de Salud.

Regular endeudamiento

El titular de la Unidad de Evaluación y Control, Alejandro Romero Gudiño consideró que es conveniente que el Congreso de la Unión norme la emisión de deuda estatal y municipal incrementando la transferencia en los esquemas de contratación, a efecto de que dicha deuda no se convierta en una obligación federal.

Asimismo, dijo, el Congreso debe instrumentar iniciativas para reducir la discrecionalidad del gobierno y de la SHCP en la reasignación del ejercicio del gasto. Limitar la práctica sistemática de esa secretaría de transferir recursos que no tengan carácter de urgencia, así como el uso sistemático de las figuras de fideicomiso y análogos para realizar reasignaciones presupuestarios.

Es necesario incrementar la penalización de los funcionarios del sector financiero que presenten información que no corresponda con la realidad operativa de la institución. Realizar estudios y propuestas para definir una legislación moderna en el tema de los conflictos de interés, fuente importante de corrupción, precisó.

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