• Más de 30 mil menores son víctimas con fines de explotación sexual

07-04-2012 México es considerado país de origen, tránsito y destino de trata de personas, donde más de 30 mil menores son víctimas con fines de explotación sexual y el 80 por ciento de ellos tienen entre 10 y 14 años de edad, afirmó el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (Nueva Alianza).

Destacó que la trata de personas afecta cada año a 3.5 millones de personas, especialmente a mujeres; 90 por ciento de ellas son adolescentes y niñas, presentándose como el segundo y el tercer negocio más redituable para la delincuencia organizada.

“Hoy por hoy nuestra nación se coloca en el segundo país que más víctimas de trata provee a Estados Unidos y el fenómeno se reporta principalmente en ciudades como Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta y Distrito Federal”, subrayó.

Por tal motivo, el legislador presentó una reforma al Código Penal Federal para hacer extensivo este delito e imponer penas de dos a cinco años de prisión y una multa de hasta quinientos días de salario a quienes paguen esos servicios.

“Es necesario cerrar el círculo delictivo para obtener mejores resultados, persiguiendo no sólo a quien promueva la pornografía y la explotación sexual infantil, sino a los denominados usuarios explotadores, que contraten, adquieran, utilicen o acepten ese tipo de servicio”, manifestó.

Señaló que el delito goza de total impunidad, dificultando aún más su persecusión, porque además es necesaria la denuncia como requisito de procedibilidad; no existe una real y verdadera coordinación entre las distintas procuradurías del país que les permita actuar con oportunidad y contundencia.

Agregó que la sociedad “exige que no se siga explotando a niños, niñas y mujeres víctimas, que viven sin recibir justicia, en tanto sus promotores y consumidores se amparan bajo el manto de la impunidad”.

Aseguró que México carece de un sistema eficaz de protección y asistencia a niños y niñas víctimas de explotación sexual, por lo que ese problema y la trata de menores pueden convertirse en una pandemia sin control.

En este sentido, manifestó que la pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a los servicios de salud y educativos, vuelve a las personas vulnerables, especialmente a las niñas, niños y adolescentes, convirtiéndolos en objetivos sensibles del crimen organizado, por lo que es necesario visibilizar el riesgo que esto implica.

“Con la presente iniciativa se está contribuyendo a dotar de mejores herramientas jurídicas a los órganos responsables de la procuración e impartición de justicia, mediante la eliminación de vacíos legales presentes en la materia y que son aprovechados por quienes violan las disposiciones legales vigentes debido a la insuficiencia clara de ellos”.

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