• 115 mil personas han tenido que cambiar de residencia a nivel interno y otros tantos cruzaron la frontera: diputado Arturo Santana

08-04-2012.- México es uno de los cinco países con mayor índice de desplazados, que suman aproximadamente 230 mil, de los cuales 115 mil son internos y el resto ha cruzado la frontera. Además, en los últimos seis años se calculan 50 mil muertes por el crimen organizado.

Ante este panorama, el diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) impulsa una iniciativa de ley para la Atención y Protección a las Personas Desplazadas por la Lucha del Gobierno Federal contra el Crimen Organizado.

Propone la creación del Fideicomiso para la Atención y Protección a las Personas Desplazadas (Fidesp) como consecuencia de esa lucha en contra del crimen organizado, el cual contará con un capital de 5 mil millones de pesos anuales, que se incluirán en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del ejercicio fiscal correspondiente.

Destaca que la fiscalización de los recursos se sujetará a las reglas de operación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para comprobar el correcto destino de los recursos.

Se calcula que a partir del 2007, aproximadamente 230 mil mexicanos, han decidido dejar su hogar y sus trabajos para así poder escapar del crimen organizado.

Ello tiene un impacto directo en la economía de esas zonas, pero además golpea directamente la calidad de vida de las familias desplazadas, pues sólo llevan consigo los bienes que pueden cargar, dejando todo anhelo de una vida digna por la desesperación de mantenerse a salvo.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, menciona la creación del Comité encargado de Vigilar el Fidesp, dependiente de la Procuraduría Social para la Atención de Víctimas de Delitos, fideicomiso exclusivamente para los desplazamientos internos.

El objetivo y finalidad del comité radica en vigilar, administrar y otorgar el apoyo económico a todos aquellos que han tenido que desplazarse dentro del territorio nacional a consecuencia de la lucha contra el crimen organizado.

Menciona que el comité, después de haber realizado el estudio socioeconómico a fin de calificar si dicha persona se considera como desplazado interno, garantizará que el apoyo económico sea suficiente para asegurar su atención, protección, educación, empleo o, en su caso, el retorno al lugar de origen.

En la exposición de motivos indica que la "guerra contra el crimen organizado que inició en el estado de Michoacán, se fue extendiendo a diversos estados, como Guerrero, Chihuahua, Morelos, Tamaulipas, Nuevo León y Sinaloa".

Ciudad Juárez es de las ciudades que más ha padecido estos estragos, pues en ella se aprecia un ambiente de desolación extrema y se calcula que existen 116 mil casas abandonadas por el nivel de violencia que se vive día a día, agrega.

Argumenta que el año 2009 fue el más violento de la actual administración, al tener contabilizados 9 mil 635 homicidios, aproximadamente; Chihuahua y Tamaulipas fueron los estados con el mayor número de muertes, así como de familias desplazadas que ha dejado esta lucha.

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