• Ayudará a limitar emisión de gases de efecto invernadero

12-04-2012.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta que expide la Ley General de Cambio Climático, a fin de establecer un marco jurídico que promueva políticas públicas para coadyuvar a la mitigación y adaptación de este fenómeno, de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

Ello, debido a que entre las consecuencias del cambio climático se encuentra la elevación de temperatura del planeta; la sequía; aumento de ciclones y huracanes; la pérdida de cosechas y los riesgos para la salud.

Con el documento avalado por 280 votos a favor, 10 en contra y una abstención, se busca promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono; fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático.

También reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales de respuesta al fenómeno.

Se crea el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, el cual será encargado de coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica para la protección al ambiente, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

En los artículos transitorios se establece que el país asume el objetivo indicativo o meta aspiracional de reducir, al año 2020, un treinta por ciento de emisiones con respecto a la línea de base; así como un cincuenta por ciento de emisiones al 2050 en relación con las emitidas en 2000.

La Ley establece el Registro Nacional de Emisiones como el instrumento donde las personas físicas y morales responsables de los establecimientos sujetos a reporte, deberán inscribir un informe anual de dichas emisiones directas e indirectas y de absorciones por sumideros de gases de efecto invernadero.

También faculta a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, con la participación del Consejo respectivo, a establecer un sistema de comercio de emisiones y, en su caso, proponer la creación de un organismo regulador, a fin de que los participantes obtengan derechos de emisión o reducciones de emisiones.

En el dictamen se precisa que la política nacional de adaptación frente al cambio climático se sustentará en instrumentos de diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación.

Sus objetivos son: reducir la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas frente a sus efectos; minimizar riesgos y daños, considerando los escenarios actuales y futuros; establecer mecanismos de atención inmediata y expedita en zonas impactadas por los efectos del cambio climático; facilitar y fomentar la seguridad alimentaria, la productividad agrícola, ganadera, pesquera, acuícola, la preservación de los ecosistemas y de los recursos naturales.

También se crea el Fondo para el Cambio Climático con el objeto de captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones para enfrentar este fenómeno.

Garantizar una visión de Estado

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputada Ninfa Salinas Sada (PVEM) expresó que el mayor reto ambiental para México y el mundo es el cambio climático, pues afecta a todas las esferas de la vida amenazando la supervivencia de los ecosistemas y la biodiversidad.

Detalló que México es muy vulnerable ante ese fenómeno, situación que se ha manifestado en grandes inundaciones y huracanes cada vez más intensos y frecuentes en las costas del Golfo de México y el Caribe. En los estados del norte, las grandes sequías y las enormes pérdidas económicas.

El dictamen a la minuta, abundó, busca la mitigación de la emisión de los gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático; establece que la compensación económica sólo se permite cuando no existen posibilidades de restaurar o de reforestar.

Salinas Sada mencionó que con la ley se fijan los medios que permitan al país transitar a una economía competitiva de baja emisión de carbono, pero con una visión de Estado que incorpore a todos los sectores de la sociedad, con la premisa de alcanzar el equilibrio en el desarrollo económico y la protección al ambiente.

También se fortalecen las acciones del Ejecutivo Federal dándole fuerza de Ley, con lo cual se garantiza una visión de Estado más allá de las circunstancias políticas temporales, por lo que se pone a México a la vanguardia en el tema de legislación de cambio climático a nivel mundial.

Afirmó que la ley es incluyente, pues respeta las fuentes de trabajo que se orientan a la adaptación y mitigación. Además abre ventanas de oportunidades económicas; introduce el fortalecimiento de capacidades para que los diferentes sectores y actores puedan participar; plantea la diferenciación de responsabilidades y capacidades estableciendo metas de reducción específicas.

De igual forma, expresó, se incorpora un capítulo de instrumentos económicos donde se abre la posibilidad de entes fiscales, financieros y de mercado que incluyan el sistema de comercio de emisiones, el cual es congruente con la posición de México en materia internacional.

Ley de vanguardia sin tintes partidistas

En los posicionamientos, el diputado Francisco Alejandro Moreno Merino (PRI) resaltó que el medio ambiente, el cambio climático y la protección al ambiente, son, sin duda, tres temas que por su importancia deben de ser manejados sin distingos partidistas.

Del PAN, el diputado Francisco Javier Orduño Valdez dijo que la Ley es el parteaguas en los trabajos que en materia ambiental se han realizado durante los últimos años en el país, ante los rápidos aumentos de las temperaturas y los climas impredecibles que se generan, derivados en lluvias, fríos fuertes de temporada o, en su defecto, sequías prolongadas.

A su vez, la diputada María Araceli Vázquez Camacho (PRD) argumentó que en el país los problemas ambientales afectan principalmente a la población más desfavorecida y acentúan las desigualdades, observándose una estrecha relación entre migración, pobreza y deterioro ambiental. “La Ley ayudaría a que México se prepare para enfrentar este fenómeno”.

El diputado Alejandro del Mazo Maza (PVEM) refirió que México ocupa el 13 lugar a nivel mundial de emisiones de gases de efecto invernadero y representa con ello el 1.6 por ciento del total de emisiones mundiales, por lo que con esta ley, si bien “no vamos a hacer la gran diferencia a nivel global, sí podemos hacerla en el país para proteger los ecosistemas, la calidad del aire, de vida y la seguridad alimentaria”.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada Laura Arizmendi Campos expresó que es importante impulsar una cultura ecológica en todos los niveles y ámbitos de la sociedad para promover la conservación y explotación racional de los recursos naturales, pues los efectos del cambio climático son cada vez más severos y sus costos crecientes.

A favor, el diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (PRI) expuso que la ley promueve una mejor coordinación entre los niveles de gobierno buscando reducir la vulnerabilidad del país ante los fenómenos meteorológicos extremos y conlleva una mayor consciencia ecológica.

La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (PAN) añadió que es encomiable que México tenga la segunda ley a nivel internacional en la materia. “Es un ejemplo para todas las naciones que nosotros estemos haciendo este esfuerzo”.

Por el PRD, la diputada María Dina Herrera Soto puntualizó que la sociedad mundial contemporánea enfrenta el reto de desarrollar una pronta capacidad de adaptación y transformación a los efectos del cambio climático y, a su vez, mitigar las causas que han dado origen a este fenómeno.

La diputada Marcela Vieyra Alamilla (PRI) expuso que si bien el gobierno federal ha realizado diversos esfuerzos para cumplir con los compromisos asumidos en materia de cambio climático y de reducción de emisiones a la atmósfera, “estas acciones carecen de un marco jurídico que dé obligatoriedad y continuidad a las políticas y estrategias adoptadas en México”.

El diputado Alejandro Carabias Icaza (PVEM) precisó que esta ley no es una moda, es una necesidad y es la respuesta que el Congreso mexicano da a un fenómeno global. “Es también la respuesta del Congreso a la condición tan vulnerable que tiene México ante los efectos adversos del cambio climático que se vienen incrementando y de los cuales somos testigos año con año”.

Al fijar la postura del PT, la diputada Laura Itzel Castillo Juárez señaló que esta ley no resuelve el problema del cambio climático, promueve la privatización, ya que deja abierta la puerta a temas que tienen que ver con la generación de energía alternativa, y los instrumentos financieros que tiene que ver con los bonos de carbono, lo que “es un elemento perverso de corrupción; diría de soborno hacia los países subdesarrollados”.

En tanto, los diputados del PT, Gerardo Fernández Noroña y Jaime Fernando Cárdenas Gracia indicaron que la ley abre a la iniciativa privada la cogeneración de la energía eléctrica y la producción de hidrocarburos a las transnacionales del ramo. “Es una ley que simula, promueve y desarrolla una regulación sobre una causa noble y deseable, que es la de mitigar los efectos perniciosos del cambio climático”.

Aprobado en lo general y particular, el dictamen a la minuta que expide la Ley General de Cambio Climático se devolvió al Senado de la República.

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