14-04-12 La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables aprobó los dictámenes sobre las leyes de Asistencia Social y la General para la Protección Integral de los Derechos de la Niñez, que propone un catálogo de derechos de la niñez, que no desarrolla en su totalidad la ley vigente.

Además, incluye un conjunto de disposiciones para proteger y garantizar la promoción y permanencia de los programas dirigidos a la niñez.

En lo que se refiere a la ley de Asistencia Social, pretende dar capacidades y facultades al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a fin de que se le otorguen más herramientas que garanticen el cumplimiento de los derechos de la infancia.

Asimismo se reconoce al DIF como un organismo descentralizado de la Secretaría de Salud.

La diputada Yolanda De la Torre Valdez (PRI), presidenta de la comisión, recalcó que la aprobación es muy importante, ya que se le brindará a la niñez un nuevo orden jurídico que garantice sus derechos.

Reconoció el compromiso de los integrantes de la Comisión para la construcción de una ley a favor de la infancia, toda vez que existen 35 millones menores de 18 años, lo cual demanda un marco jurídico justo y equitativo.

Recordó que al principio de la legislatura se tomó como compromiso trabajar a favor de los infantes con un rostro humano, equitativo y garante a sus derechos.

La diputada Delia Guerrero Coronado (PRI), sostuvo que este proyectó nació de la conciencia de los diferentes grupos sociales, de la revisión y análisis del marco jurídico internacional y nacional.

En su intervención, la diputada María Joann Novoa Mossberger (PAN) señaló que con la creación de la ley se dará un paso sin precedente, ya que consolidarán un nuevo ordenamiento jurídico para la protección de la niñez.

También se prevén más herramientas al DIF para que vigile y garantice el derecho de la infancia, atienda y genere políticas públicas a partir del programa que se crea con esta nueva ley.

Refirió que de la mano viene una reforma integral a la Ley de Asistencia Social, en la cual se le reconoce al DIF como un organismo descentralizado de la administración pública, es decir, de la Secretaría de Salud.

Por su parte, la diputada Elvira de Jesús Pola Figueroa (PRD) enfatizó que 22 iniciativas provenientes de todos los partidos políticos, del sector público y privado, dieron origen a este dictamen.

Esta ley establece el piso mínimo para brindar la protección para la niñez porque incorpora en un mismo orden jurídico principios, derechos, responsabilidades, programas y sistemas a favor de los infantes.

El diputado Pedro Ávila Nevárez (PRI) manifestó que con la ley de la infancia se podrá garantizar sus derechos, seguridad y desarrollo.

La diputada Laura Margarita Suárez González (PAN) reconoció que detrás de esta ley existe un trabajo arduo de los integrantes de la comisión con la intención de que contemple cada uno de los sectores que intervienen en el amparo de los derechos de la niñez.

La diputada Hilda Ceballos Llerenas (PRI), añadió que la aprobación del dictamen prevé que la niñez sea atendida y dejen de sufrir los atropellos a sus derechos.

María de los Ángeles Corte Ríos, directora general del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) expuso que se realizó una revisión exhaustiva del Marco Internacional de los Derechos Humanos y de 47 tratados internacionales con el fin de incorporarlos al sistema jurídico mexicano.

De igual manera se atendieron 200 solicitudes de modificaciones que aportaron los sectores que se interesaron en la materia para que la Ley contemple todas las aristas del tema.

Jovita Osornio Hernández, Coordinadora General de la Fundación Tagle, dijo que con la aprobación de este dictamen se permitirá que los infantes cuenten con un marco legal donde los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad civil garanticen sus derechos y seguridad.

Julieta Lujambio, periodista de medios electrónicos, refirió que el dictamen contempla la creación de un Registro Nacional de Obligados Alimentarios Morosos, para incluir a quienes no cumplen sus responsabilidades alimentarias con sus hijos.

Con este registro se beneficiarían alrededor de 7 millones de madres solas, quienes no reciben pensión alimenticia.

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