17-04-2012.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 311 votos a favor, 12 en contra y 5 abstenciones el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones, con objeto de establecer las bases legales del sistema carcelario federal, la administración de la prisión preventiva, punitiva, así como las medidas de vigilancia especial.

En el nuevo ordenamiento se contempla la figura de jueces ejecutores de sanciones y se dota al Ejecutivo de la administración de los establecimientos penitenciarios.

En el dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Justicia se señala que la ejecución de las penas privativas y restrictivas de la libertad corresponde al Poder Ejecutivo, en tanto que su modificación y duración, al Poder Judicial.

Para ello, también se adiciona un artículo 50 Quáter a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para establecer que los jueces de ejecución federales conocerán la modificación y duración de las penas y de la substanciación del procedimiento para la reparación del daño.

Además, establece nuevos niveles de seguridad y custodia en los centros penitenciarios, destacando los niveles 5 máxima, y 6 súper máxima, en los que se internarán a secuestradores y miembros de la delincuencia organizada.

Plantea cinco ejes rectores para la reinserción social: el trabajo, capacitación para el trabajo; educación; salud y deporte.

Nuevo sistema penal

El presidente de la Comisión de Justicia, diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (PRI), afirmó este dictamen constituye un gran avance para el país, al dotar al gobierno de la República de instrumentos adecuados para que la reinserción social se convierta en una realidad.

Responde al mandato de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, en el que se ordena un nuevo sistema penal para establecer el régimen acusatorio oral, contradictorio y adversarial.

Sostuvo que el sistema penitenciario mexicano es un fracaso pues en los 431 establecimientos del país, donde se albergan 230 mil reos, priva la corrupción, la desorganización, la falta de clasificación de internos y en algunos hay gobiernos paralelos de delincuentes.

Indicó que de los casi 230 mil internos en el país, cinco por ciento son mujeres, 20 por ciento son de competencia federal y 75 por ciento del fuero común.

Separación de reos según su peligrosidad

El diputado José Luis Ovando Patrón (PAN), presidente de la Comisión de Seguridad Pública, dijo que se establece la separación de reos por nivel de peligrosidad y presenta las bases para que las entidades modifiquen su sistema penitenciario y se dé certeza de que quienes están en las cárceles son los delincuentes.

Asimismo, los lineamientos para que los internos sean evaluados objetivamente con valoraciones técnicas de especialistas en salud mental, médica, educativa y laboral para revisar su comportamiento y la compurgación de su pena.

Dijo que la política en materia penal debe ser atendida, modificada y replanteada y que la nueva ley debe ser el inicio de una nueva era en el sistema de justicia penal, específicamente en el penitenciario y de ejecución de sanciones.

Afirmó que uno de los principales problemas del sistema es la sobrepoblación, pues en 2007 había tres mil internos y cuatro años después 12 mil 450 en centros controlados por el gobierno central, lo que supone un incremento de 345 por ciento.

Añadió que el déficit de plazas penitenciarias se extiende a todas las cárceles del país, cuyo promedio de ocupación es de 137 por ciento. Señaló que la principal problemática es la falta de un esquema de control que brinde condiciones de reinserción social.

Se moderniza el concepto de prisión

Al fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI el diputado Carlos Flores Rico afirmó que es una reforma fundamental para más de 229 mil reclusos, de los cuales 100 mil no tienen sentencia, y de ellos “la mitad entró por robos menores a mil pesos y salen como doctores del delito”.

Indicó que es tiempo de darles un nuevo destino y una forma distinta de ver la prisión, “no como una vía para hundirse más, sino como una opción de encontrarse con su sociedad”.

Destacó que se restablece el concepto de reinserción social; industria penitenciaria; salud, educación, capacitación y deporte, que ayudarán al interno a encontrar un ambiente diferente para reintegrarse a la sociedad; se profesionaliza al personal penitenciario para que sean verdaderos servicios profesionales de custodia y se moderniza la seguridad de las prisiones con tecnología adecuada.

Poner fin al desorden carcelario

Por el PAN, el diputado Camilo Ramírez Puente (PAN) afirmó que con esta ley se abordará un tema al que no se le ha dado solución y se pondrá fin al desorden del sistema carcelario, “donde no hay administración, ni supervisión y menos vigilancia”.

Advirtió que es necesario que la sociedad esté al pendiente de que las autoridades a quienes se les dan estas facultades cumplan con ellas, “porque no estamos para seguir creando legislaciones que no se apliquen”.

Destacó que con la creación de los Jueces Ejecutores de Sentencia, se profesionaliza el sistema carcelario, se establece una figura que lleve a cabo sus funciones con honestidad, profesionalismo y se deje atrás “la venta de toda la administración penitenciaria”.

Transformación radical del sistema carcelario

La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (PRD) afirmó que ésta es la reforma más importante de últimos años en materia penitenciaria, pues transforma radicalmente un sistema que ha colapsado y presenta sobrepoblación y autogobierno.

Se modificarán fallas estructurales que prevalecen en los establecimientos de reclusión, donde no existe una clasificación correcta de internos, “lo que trae consigo la contaminación criminal, el perfeccionamiento del modus operandi y la integración de nuevas organizaciones para delinquir al interior de los propios centros penitenciarios”.

Dijo que hay 224 mil 749 internos en la República mexicana y la capacidad de los centros penitenciarios es para 173 mil, lo que representa el 29.86 por ciento de sobrepoblación.

La reforma establece obligaciones de los internos; incluye el tema de las mujeres en reclusión y la permanencia con sus hijos durante las etapas posnatal e infancia hasta que la niña o niño cumpla seis años de edad; contempla que el personal será sujeto a procedimientos de adiestramiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y conocimiento.

Jueces especializados

Del Partido Verde, la diputada Adriana Sarur Torre advirtió que México no alcanzará la paz y la seguridad si no cuenta con una ley eficaz que someta a las prisiones al imperio de la ley y añadió que esta reforma transformará la dimensión de la seguridad pública y generará un nuevo esquema que suma al Poder Judicial a través de jueces especializados que determinen las penas.

Mencionó que la prisión no es un depósito de criminales, debe ser un instrumento de transformación de la reinserción social y aseguró que el dictamen impulsa un sistema carcelario con rostro humano, con opciones de libertad, oportunidades de reinserción social y reubicación de centros penitenciarios estatales.

El diputado Pedro Vázquez González (PT) indicó que el propósito del dictamen es establecer un sistema que permita la reinserción social y evite la reincidencia mediante el trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, así como el respeto a los derechos humanos.

La diputada Laura Arizmendi Campos (Movimiento Ciudadano) afirmó que se corrige un sistema que deja lagunas a la discrecionalidad e interpretación, más que al análisis científico y que no cumple la tarea de reinsertar al sentenciado.

Se incluyen beneficios como reducción parcial, libertad preparatoria y tratamientos preliberatorios, que deberán otorgarse puntualmente “y no debe caber la discrecionalidad de autoridades, sino que debe cumplirse con el proceso de plena readaptación social que integre a los sentenciados a la sociedad una vez que obtengan su libertad en el aspecto productivo y familiar”.

El diputado Arturo Santana Alfaro (PRD), dijo que con el nuevo ordenamiento se generarán los cambios que requiere el sistema carcelario del país, pues la ley vigente data de 1971 y “es obsoleta”.

El diputado Luis Carlos Campos Villegas (PRI) añadió que la nueva ley facilitará la aplicación de una moderna política criminal, con organización penitenciaria basada en normas e instrumentos que permitan una estricta ejecución de las penas privativas de la libertad, medidas especiales de seguridad y vigilancia, así como el seguimiento y control de quienes obtuvieron algún beneficio o la preliberación.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI) dijo que el dictamen reconoce el derecho de las madres reclusas a participar en el desarrollo de sus hijos e hijas; además permitirá que la federación se haga cargo de los 44 mil reos federales, para que dejen de ser una carga a los estados.

El diputado Emilio Serrano Jiménez afirmó que muchas personas están recluidas “por ser pobres, por no tener 500 pesos para darle al policía; dos mil para el Ministerio Público o cinco mil para el juez”, por lo que es importante que las leyes sirvan para cambiar el sistema, mejorarlo, dar más garantías y seguridad a la sociedad.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) dijo que votaría en contra del dictamen porque “no modifica todo el proceso previo que lleva a la gente a la cárcel, que hace que pobres, inocentes, minorías y líderes sociales vayan a los penales de alta seguridad”.

Además, “no toca las columnas fundamentales de la corrupción, deterioro, la no rehabilitación y falta de oportunidades para la gente en la sociedad y que se reproducen con mayor brutalidad y dureza en los penales del país”.

Aprobado en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones; y se adiciona el artículo 50 Quáter a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se envió al Senado para los efectos constitucionales.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para el jueves 19 de abril del 2012, a las 10:00 horas.

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