18-04-2012.- La Comisión de Gobernación, que preside el diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín, aprobó el dictamen a la minuta por el que se expide la Ley General de Protección Civil, la cual tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno en la materia.

Asimismo, marca los términos y condiciones en que los sectores privado y social participarán en la consecución de los objetivos de la ley.

Se señala que el gobierno federal, con la participación de las entidades federativas y el gobierno del Distrito Federal, deberá buscar concentrar la información climatológica, geológica y meteorológica de que se disponga a nivel nacional.

Del mismo modo, promover la creación de las bases que permitan la identificación y registro en los Atlas Nacional, Estatales y Municipales de Riesgos de las zonas en el país con peligro para la población, el patrimonio público y privado, que haga posible a las autoridades competentes regular la edificación de asentamientos.

Se considerará como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y los Atlas municipales, estatales y el nacional y no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente.
También se crea el Comité Nacional de Emergencias, como un mecanismo de coordinación de las acciones en situaciones de emergencia y desastre ocasionadas por la presencia de agentes perturbadores que pongan en riesgo a la población, bienes y entorno, sin menoscabo, el cual estará presidido por el secretario de Gobernación.
Dicho Comité podrá convocar para sesionar en forma extraordinaria cuando se presenten situaciones extremas de emergencia o desastre, o cuando la probabilidad de afectación por un agente perturbador sea muy alta, poniendo en inminente riesgo a grandes núcleos de población e infraestructura del país.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, proveerá los recursos financieros para la oportuna atención de las situaciones de emergencias y de desastres, por lo que en caso de que los recursos disponibles se hayan agotado, se harán las adecuaciones presupuestarias para la atención emergente de la población y la reconstrucción de la infraestructura estratégica.

Precisa que una vez presentada la solicitud de declaratoria de desastre, la autoridad tendrá un plazo de hasta cinco días naturales para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El plazo para que los gobiernos de las entidades federativas tengan acceso a los recursos será de hasta 10 días naturales, a partir de su publicación.

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