19-04-2012.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que crea la Ley General de Protección Civil, a fin de prevenir y afrontar las consecuencias de los diversos fenómenos naturales y que las entidades federativas atiendan de manera oportuna los riesgos que se susciten, con la contratación de
seguros o coberturas de otros instrumentos financieros.

Asimismo, se permite que cada entidad federativa cuente, integre y administre un fondo de protección civil, lo que permitirá que haya recursos disponibles e inmediatos sin necesidad de recurrir a otras instancias.

La ley, aprobada con 318 votos a favor y tres abstenciones, tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno en la materia. Los sectores privado y social participarán en la consecución de los objetivos de esta Ley, en los términos y condiciones que la misma establece.

El dictamen de la Comisión de Gobernación señala que el gobierno federal, con la participación de las entidades federativas y el gobierno del Distrito Federal, deberá buscar concentrar la información climatológica, geológica y meteorológica de que se disponga a nivel nacional.

Del mismo modo, promover la creación de las bases que permitan la identificación y registro en los Atlas Nacional, Estatales y Municipales de Riesgos de las zonas en el país con peligro para la población, el patrimonio público y privado, que haga posible a las autoridades competentes regular la edificación de asentamientos.

Se considerará como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, sin definir las medidas para su reducción.

También se crea el Comité Nacional de Emergencias, como un mecanismo de coordinación de las acciones en situaciones de emergencia y desastre ocasionadas por la presencia de agentes perturbadores que pongan en riesgo a la población, bienes y entorno, el cual estará presidido por el secretario de Gobernación.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, proveerá los recursos financieros para la oportuna atención de las situaciones de emergencias y de desastres, por lo que en caso de que los recursos disponibles se hayan agotado, se harán las adecuaciones presupuestarias para la atención emergente de la población y la reconstrucción de la infraestructura estratégica.

Precisa que una vez presentada la solicitud de declaratoria de desastre, la autoridad tendrá un plazo de hasta cinco días naturales para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El lapso para que los gobiernos de las entidades federativas tengan acceso a los recursos será de hasta 10 días naturales, a partir de su publicación.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Agustín Castilla Marroquín (PAN), presidente de la Comisión de Gobernación, explicó que la ley tiene como fin prevenir y afrontar las consecuencias de los diversos fenómenos naturales como huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, deslaves u otro fenómeno que ponga en riesgo a las personas.

La ley considera el concepto de gestión integral, la cual reconoce a los riesgos por fenómenos naturales, tanto en su origen y evolución como en los diversos factores de orden histórico, económico, social o cultural, precisó.

El diputado Fernando Morales Martínez (PRI) detalló que esta nueva ley, integrada por 18 capítulos, 94 artículos y tres artículos transitorios, no solamente tiene que ver con los asuntos de los desastres naturales, sino también en casos como la Guardería ABC o el News Divine, en donde por no haber salidas de emergencia hubo muertos y no se ha castigado a los culpables.

“Creo que con esta ley forzamos también para que haya mayores sanciones para estos funcionarios corruptos que omiten o a veces reciben dádivas para pasarse por alto las leyes de protección civil”, añadió.

El diputado Onésimo Mariscales Delgadillo (PRI) resaltó que esta ley recoge los principios que
deberán regir las acciones de protección civil, siendo prioridad la protección de la vida, la salud y la integridad de las personas; la prevención e inmediatez en la prestación del auxilio y la entrega de recursos.

El diputado Enrique Torres Delgado (PAN) señaló que esta nueva ley permitirá no sólo salvar la vida y el patrimonio de mexicanos, sino establecer condiciones para un nuevo desarrollo ante la posibilidad de que ocurra un desastre natural”.

Del PRD, el diputado Avelino Méndez Rangel comentó que la nueva norma maneja el concepto de gestión integral de riesgos, el cual es un instrumento para atender de forma eficiente y rápida a los millones de mexicanos que cada año se ven sujetos a estos fenómenos que causan daños en su patrimonio y en su vida.

El diputado Martín García Avilés (PRD) indicó que se regulan los recursos del Fonden y con ello habrá mayor transparencia, cuidado y supervisión en la aplicación. Asimismo, se autoriza a los estados donde hayan ocurrido los desastres naturales, a prevenir con la contratación de seguros de riesgo.

La diputada Rosario Brindis Álvarez (PVEM) destacó la importancia de contemplar la profesionalización de la protección civil y la Escuela Nacional de Protección Civil, ya que servirá para que la gente esté capacitada.

Por su parte, el diputado Pedro Vázquez González (PT) resaltó que uno de los temas de mayor preocupación es la fiscalización de los recursos del Fondo de Desastres Naturales y con la nueva ley se tienen avances en la transparencia y rendición de cuentas.

La diputada Elsa María Martínez Peña (Nueva Alianza) dijo que en esta legislación se integren conceptos y figuras que la dotarán de elementos que permitan la modernización y aplicación ágil de recursos entre los tres niveles de gobierno de forma coordinada.

El diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) consideró que el tema de la protección civil no solamente tiene que ver con la atención de desastres naturales y fenómenos de este tipo sino con la prevención social. “La protección civil se va a abatir, se va a atender de mejor manera si se combate la pobreza y la desigualdad imperante”.

La ley se envió al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

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