22-04-2012 El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados denunció que los apoyos para atender los impactos de la sequía en el país, y otros efectos negativos del cambio climático, han llegado con demora a las zonas afectadas.

Indicó que si los apoyos para el campo no se dan y existen otras razones distintas a la productividad y bienestar de las familias campesinas e indígenas, “como pueden ser planteamientos de carácter político-electoral, se está comprometiendo la razón de ser de los apoyos fiscales: contribuir al desarrollo social, económico y ambiental del medio rural”.

A través de un documento publicado en la revista Cámara, en su edición de abril, denominado “La sequía de un siglo”, el CEDRSSA detalló que aunque existen diferentes perspectivas entre los poderes Legislativo y Ejecutivo sobre los efectos del cambio climático en la productividad agropecuaria nacional, “se tiene la impresión de que no estamos preparados como país para atender ese grave problema”.

Por tanto, apuntó, es necesario enfrentar con urgencia lo que está significando: pobreza alimentaria, deterioro de suelos y necesidad de recuperar a la brevedad la capacidad productiva de miles de agricultores, principalmente los más desprotegidos técnica y financieramente.

Mencionó que dentro de esa política de Estado se debe mantener un apoyo a la agricultura familiar y de autoconsumo con sostenes a la organización de los pequeños productores, su capacitación y asistencia técnica para producir más y en armonía con su medio ambiente.

En el documento, César Turrent Fernández, director del CEDRSSA, puntualizó que en los últimos 18 meses México ha soportado diversos fenómenos climatológicos que si bien encontró su punto máximo en la carencia de alimentos de los rarámuris que habitan en la Sierra Tarahumara a principios de 2012, también lo tienen al borde de una crisis alimentaria y de manifestaciones de otro tipo como las migraciones a las ciudades.

Refirió que durante el primer semestre de 2011, más de 530 mil hectáreas resultaron afectadas por incendios, “una de las manifestaciones de la sequía que, además, encierra la agravante de dañar la biodiversidad nacional, en algunos casos de manera irreparable”.

Manifestó que un primer balance de los efectos de la sequía estima que las pérdidas en la producción de maíz alcanzaron los nueve mil millones de pesos y en frijol ascendieron a seis mil millones.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), entre octubre de 2010 y agosto de 2011, el 35 por ciento del territorio nacional se reportaba como afectado por “una sequía meteorológica extrema”.

Con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la AMSDA señalaba que el 80 por ciento de Chihuahua estaba bajo situación de sequía excepcional; Zacatecas, 85 por ciento; Coahuila, 55 por ciento y Durango, 50 por ciento.

El CEDRSSA recordó que el Presidente de la República publicó el “Acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan diversas entidades federativas”, que implica recursos por más de 33 mil millones de pesos.

Se apunta en el Acuerdo que el país “está viviendo condiciones de sequía excepcionales: en particular, en 2011 se presentó la peor en los estados del norte y centro del país desde 1941, la cual afecta a mil 213 municipios de 19 entidades federativas”, añadió el Centro.

Mencionó que a través de la “Estrategia para la Atención de los Estados Afectados por la Sequía” se entregaron, entre agosto y diciembre de 2011, más de cinco mil millones de pesos e implementaron acciones a través de cinco ejes de atención para mantener las capacidades productivas, impulsar el manejo adecuado del agua y uso sustentable de los recursos naturales, promover la activación de esquemas de aseguramiento, establecer esquemas de financiamiento y apoyar al empleo en las zonas afectadas.

“El Acuerdo fue considerado por la Confederación Nacional Campesina (CNC), El Barzón, la Unión Campesina Democrática (UCD), el Consejo Supremo de la Tarahumara y la Central Independiente de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP) como un avance, aunque insuficiente porque no implica recursos emergentes pero sí adelantar la entrega de recursos de mayor impacto durante el primer trimestre de 2012.

En el documento, el centro de estudios resaltó que la Secretaría de Agricultura indicó que, al cierre de febrero, pagó mil 220 millones de pesos para apoyar a 276 mil beneficiarios de los programas de Apoyos Directos al Campo (Procampo), Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (Progan) y de diesel agropecuario contemplados por el gobierno para apoyar a agricultores y ganaderos de las 19 entidades afectadas por la sequía.

Mientras que en palabras del subdirector general técnico de la Conagua, Felipe Arreguín Cortés, la actual sequía es más grave que la registrada en la década de los 90 en el siglo pasado y, más aún, se desconoce cuándo concluirá, “lo que nos refiere a un horizonte de largo plazo que demanda de acciones por parte del conjunto de la sociedad”.

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