25-04-2012.- La Cámara de Diputados remitió a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión Social, un oficio en el que se les exhorta contemple el desarrollo de una política en materia de trabajo temporal en el extranjero, coherente y respetuosa con los derechos de los connacionales.

En el documento, impulsado por el diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (PRI), se les pide una explicación de cada una de las denuncias sobre presuntas acciones institucionales con sesgos antisindicales en contra de campesinos mexicanos en Canadá, así como el número y nombre de los trabajadores afectados, que forman parte del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT).

Se les exhorta a que incluyan en las negociaciones del PTAT la obligación para los empleadores canadienses a asumir los gastos de transporte, repatriación, traslado hasta el lugar de origen y alimentación del trabajador y de su familia, y todos aquellos que se originen por el paso de las fronteras.

De igual modo, se les solicita implementar los mecanismos institucionales para apoyar, defender, proteger, transferir y reintegrar a los trabajadores migratorios los recursos de los que no hacen uso en el extranjero con motivo de las retenciones o deducciones que los estados extranjeros hacen en materia de contribuciones y prestaciones (seguros de desempleo, salud, fondos de pensión).

López-Portillo Basave detalla en el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria que tanto Estados Unidos como Canadá presentan un déficit de mano de obra en los sectores menos remunerados. “Este déficit justifica la creación de programas de trabajo temporal que, si bien ofrecen una alternativa para nuestros connacionales, no garantizan el respeto de sus derechos humanos y laborales”.

Menciona que si bien el margen de maniobra del gobierno mexicano para negociar el acceso a la residencia permanente de sus trabajadores, es bastante limitado, sí puede aprovechar el interés de los empleadores para regular las condiciones contractuales básicas (salario, vivienda, seguridad y salubridad en el trabajo).

Explica que la ausencia de un mecanismo migratorio institucional efectivo representa un riesgo importante para el trabajador que, con la esperanza de encontrar empleo en el extranjero, puede ser víctima de fraude, explotación o bien caer eventualmente en la ilegalidad.

Indica que el carácter temporal de los programas de migración laboral debe obligar a las autoridades a intervenir para regular no sólo la salida de sus nacionales, sino planear su retorno eventual.

“Es necesario que las secretarías del Trabajo y la de Relaciones Exteriores le expliquen a la sociedad las razones por las cuales se oponen a que nuestros connacionales tengan las condiciones humanas y laborales óptimas”, afirma.

Argumenta que es inaceptable que el gobierno mexicano anteponga los intereses de los patrones extranjeros, “en este caso, de los canadienses, y no los de 17 mil campesinos mexicanos que laboral en ese país”.

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