• Establece la creación de la Comisión Nacional contra el Maltrato hacia la Niñez

• Se formará una red de identificación de casos de atención y vinculación interinstitucional

• Penas de doce a cuarenta y dos años de prisión

• Se creara una Red de Hogares Sustitutos

25-04-2012.- En virtud de la gravedad de la violencia hacia la niñez en México, a través de actos de infanticidio, mutilación, tortura, invalidez y sufrimiento, las integrantes de la Comisión Especial para la Niñez, presentaron una iniciativa para crear la Ley General para la Prevención, Atención, Erradicación y Sanciones del Maltrato hacia Niñas, Niños y Adolescentes, la cual juzgan como inaplazable a fin de brindarles protección cabal, articulada y expedita.

Las integrantes de la Comisión, subrayaron la gravedad del tema y la inminente necesidad de crear un instrumento jurídico que identifique, proteja y atienda a la niñez en esta problemática.

Según cifras del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), se registró y atendió en un periodo de tres años 94,314 casos de maltrato hacia la niñez; en el 2009, 41,437; en el año 2010, 36,252 y en el 2011, 16,625 víctimas.

En los homicidios por razón de parentesco que llegaron al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en los años 2010 y 2011 se pudo observar que la mitad de las víctimas eran menores de edad, y que en más del 90 por ciento de los casos los victimarios fueron uno o ambos padres.

En un seguimiento a las cifras del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Ciudad de México,
durante los últimos años se constata que los cuerpos de niños que llegan al nosocomio representan el 11 por ciento, poco más de una tercera parte (35 por ciento) son menores de un año, y el 29.1 por ciento, adolescentes de 15 a 17 años. Las principales causas de muerte denotan descuido, intencionalidad y maltrato.

El problema con la falta de regulación expresa para el caso del maltrato es que las lesiones, si sanan en menos de 15 días no se actualiza el tipo penal, cuando debería estar prohibido todo tipo de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, por lo cual es imperativo regular estas imprecisiones a través de la ley que ahora se presenta.

La misma considera la creación de la Comisión Nacional Contra el Maltrato, como una unidad administrativa a cargo de la Secretaría de Gobernación, siendo un organismo rector con atribuciones para coordinar, aprobar, vigilar y exigir el cabal cumplimiento a las instituciones para el diseño e implementación a nivel nacional de programas de prevención, identificación de víctimas, atención integral a víctima y victimario y seguimiento de casos.

En el ámbito de su competencia, las instancias procederán a solicitar de la autoridad judicial competente la pérdida de la patria potestad y de la custodia, en su caso, y las medidas precautorias, cuando el maltrato, omisión de cuidados o abandono pongan en riesgo la integridad física, moral o emocional de la niñez.

Asimismo, la Secretaría de Educación Pública deberá realizar el seguimiento y acompañamiento de los alumnos con problemas de conducta a través de un trabajador social.

En materia de salud, a nivel federal y las entidades federativas estarán obligadas en los casos identificados como menores de edad víctimas de maltrato infantil o de alto riesgo, a ser notificados en toda la red médica del país e informar de manera explícita a la Procuraduría de la Defensa del Menor y al SNDIF.

Asimismo, la Secretaría de Salud deberá implementar en todos los hospitales infantiles un área con personal altamente calificado para la identificación y atención al maltrato infantil; habrá capacitar a todo el personal, tanto médico como paramédico, sobre procedimientos clínicos y jurídicos.

Todas las instituciones que se señalan en la Ley deberán asignar anualmente una partida presupuestal para la atención al flagelo del maltrato infantil.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión Especial para la Niñez, consideran de relevancia nacional el proceder con la aprobación de esta ley al establecer el conjunto de normas que van a determinar el ordenamiento jurídico respecto a la obligatoriedad, organización y funciones que corresponden a la administración pública, su competencia, deberes y derechos de los ciudadanos al otorgarle supremacía al interés superior de la niñez.

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