La Comisión de Recursos Hidráulicos se reunió con José Luis Luege Tamargo, Titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y Carlos Treviño Medina, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el propósito de conocer el ejercicio del presupuesto federal 2012 para la atención por las contingencias climatológicas.

El presidente de la Comisión, diputado Oscar Lara Aréchiga, advirtió que debido al burocratismo que impera hay retraso en la entrega de recursos para la atención de familias y productores afectados por la sequía e inundaciones en gran parte del país.

“Hay una preocupante alza en alimentos, la canasta básica ha aumentado al doble y no hay una respuesta clara del gobierno federal para reactivar las capacidades productivas del campo nacional; de no resolverse este problema podrían presentarse en las siguientes semanas tragedias al norte y sur del país”.

Dijo que al final del primer trimestre hubo dos millones de hectáreas siniestradas y más de 80 mil reses sacrificadas debido a la escasez de agua.

Manifestó que es de suma importancia contar con la información completa sobre el uso del presupuesto otorgado para la atención de este problema y conocer el nivel de eficacia de la implementación sectorial.

Por su parte, el diputado Edgardo Melhem Salinas (PRI), señaló la inquietud que hay entre legisladores por la discordancia de los montos autorizados y las cantidades que funcionarios de la Conagua han entregado a las entidades, en las cuales, dijo, se perciben diferencias de hasta 30 millones de pesos.

Asimismo, el diputado Jorge Rojo García de Alba (PRI) exigió conocer si son o no válidos los acuerdos que tomaron los diputados con representantes de Conagua, y cómo quedaron distribuidos los 992 millones que aprobó esta soberanía para el estado de Hidalgo.

El diputado José Manuel Marroquín Toledo (PAN) consideró que se deben encontrar los mecanismos necesarios para que el agua sea un recurso suficiente y de calidad para todos los mexicanos.

“El principal problema es la contaminación del líquido y la escasez en la zona norte, por lo que es necesario contar con mayor infraestructura para garantizarla y alcanzar la cobertura universal”.

La diputada Silvia Monge Villalobos (PAN) expresó que hay frustración legislativa en materia hídrica por la falta de una ley adecuada, además de que las reformas en la Ley de Aguas Nacionales fueron mínimas.

El diputado Manuel Guillermo Márquez Lizalde (PRI) exigió conocer cuál ha sido el avance que se tiene en el ejercicio de los recursos destinados por el Ejecutivo para el apoyo a productores afectados por esta catástrofe climatológica.

En el mismo sentido, el diputado José María Valencia Barajas (PRD) pidió dar certidumbre jurídica a las entidades sobre la entrega de los recursos, ya que de lo contrario se estaría incurriendo en violaciones a la Ley de Egresos.

El diputado Jaime Álvarez Cisneros (Movimiento Ciudadano) reconoció que en el caso de Morelos ha habido un eficiente ejercicio de recursos, con lo que se ha logrado un saneamiento del 80 por ciento del agua. “En los últimos 5 años no ha habido subejercicios por parte de los municipios, es necesario ayudarlos para que no se deprima su inversión”.

Durante su intervención, José Luis Luege Tamargo advirtió que de no lograr un uso eficiente del agua “estamos perdidos”, por lo que dijo que deben implementarse acciones, como la elección de cultivos acorde a los tiempos y a las áreas geográficas. “No podemos sembrar alfalfa en un lugar donde el agua escasea”.

En cuanto al retraso en la entrega de recursos argumentó que “estamos limitados al arranque mismo de la aplicación presupuestal en función de la política de ingresos”.

Sin embargó, aclaró que siguen una la línea de atención de los programas fundamentales para el país, centrándose en los proyectos multianuales con el objetivo de alcanzar las metas del plan nacional hídrico, así como atender de forma concreta el problema de la sequía que aqueja a gran parte del país.

En su turno, Carlos Treviño Medina explicó que la comprobación es indispensable para tener una continuidad en el gasto de los recursos ya que, resaltó, existen entidades que desde el 2006 no terminan de realizar sus comprobaciones.

“A pesar de que puede haber acuerdos sin las condiciones de ejecución del gasto, sería un acto violatorio de la ley; nadie está obligado a lo imposible”.

Expresó que se trabajará de forma cercana con la CONAGUA en cualquier asunto que se quiera revisar de manera particular para llegar a las mejores soluciones y con mayor efectividad.

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