26-04-2012.- La Cámara de Diputados aprobó reformas a diversas disposiciones para tipificar como delito la discriminación e imponer sanción de seis meses a seis años de prisión o de mil a tres mil quinientos días multa, a quien provoque o incite a la violencia o al odio contra una o varias personas motivado en la discriminación.

Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen o condición social o económica, condición de salud, embarazo, identidad genérica, opiniones, religión, discapacidad, talla, apariencia o cualquier característica, que tenga por objeto o por resultado atentar contra la dignidad humana y los derechos humanos.

Las reformas, aprobadas con 332 votos a favor, uno en contra y una abstención, también establecen que se aplicarán las mismas sanciones a quien propague información, realice públicamente opiniones o comentarios con el objeto de denigrar o denostar por algún motivo de discriminación a una o varias personas; así como para quien excluya o establezca algún tipo de trato desigual entre las personas en el acceso a servicios, bienes, derechos o lugares.

Asimismo, a quien dé financiamiento o soporte material de actividades que tengan como propósito discriminar, o a quien funde o dirija cualquier organización o red social que tenga por objeto promover cualquier tipo de discriminación, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y de mil a tres mil quinientos días multa.

De igual forma, a quien en el ejercicio de sus actividades públicas, profesionales o empresariales niegue o restrinja el acceso a bienes o servicios a que tuviere derecho una persona motivado en la discriminación, además de las penas que se apliquen, será inhabilitado para el ejercicio de la profesión, oficio, industria o comercio, por un período de uno a cuatro años.

También al que produzca una conducta discriminatoria en el empleo, labor o trabajo público o privado, se le impondrán de tres a seis años de prisión o de mil a tres mil quinientos días multa y de trescientos a cuatrocientos días de trabajo en favor de la comunidad.

Al que promueva o divulgue información falsa o confusa o fomente la ignorancia o la desinformación, con el fin de discriminar a una o más personas o ir en contra de las políticas públicas se le impondrá pena de dos a cuatro años de prisión o de mil a dos mil días multa y de trescientos a cuatrocientos días de trabajo en favor de la comunidad.

Se incrementará en una mitad la pena, en su mínimo y máximo, si alguna de las conductas señaladas es cometida por un servidor público, además de la inhabilitación para el empleo o cargo público por un periodo igual al de la pena privativa de la libertad.

Precisa que los delitos serán perseguibles por querella, y el perdón del ofendido sólo será procedente cuando se haya reparado totalmente el daño causado a la víctima.

También se establece la obligación de tomar un taller en materia de discriminación e igualdad, con énfasis en la forma de discriminación cometida, así como el trabajo en favor de la comunidad dirigido a la persona o población que se discriminó, como parte de la reparación del daño.

El documento de la Comisión de Justicia señala que ante el panorama de violencia mediante comportamientos que van desde el acoso u hostigamiento laboral o escolar, hasta los crímenes por odio, resulta imprescindible visualizar a la incitación a la violencia como una conducta discriminatoria digna de penalización y rechazo.

Por ello, agrega, la prevención y eliminación de la discriminación exige una poderosa acción institucional en donde el papel disuasivo de la intervención penal es imprescindible.

Las reformas a los códigos Penal Federal y al Federal de Procedimientos Penales; a las leyes Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica y de la Federal de las Entidades Paraestatales, se enviaron al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Premio “Gilberto Rincón Gallardo”

Al fundamentar el dictamen, la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (PRD) explicó que con las reformas se le está dando “los dientes que le faltaban a la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para poder ejercer con mano dura su labor, estamos creando el delito de la discriminación y tipificándola en distinto rubros que quedan desarrollados”.

Precisó que también se aumentan los requisitos para ser presidente del Conapred para garantizar que tenga probada trayectoria en la lucha contra la discriminación y la defensa de los derechos humanos.

Destacó que se establece el premio “Gilberto Rincón Gallardo” que será otorgado a las instituciones públicas o privadas, así como a los particulares que se distingan por llevar a cabo programas y medidas para prevenir la discriminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos.

“La discriminación es una actitud irracional, basada en la ignorancia que debe ser combatida por la sociedad y el Estado porque tiene efectos concretos en la vida de las personas y sus comunidades, y la intervención de la ley es un antídoto indispensable ante esta lamentable situación, tanto por su lado educativo como para sancionar en el tenor de la reforma”, puntualizó.

La diputada Sonia Mendoza Díaz (PAN) precisó que la reforma genera herramientas eficientes y suficientes para prevenir y combatir la discriminación y castigarla penalmente como delito. Además, se otorgará el Premio Nacional contra la Discriminación mediante la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

El diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) destacó la importancia del combate a la discriminación y la garantía de la dignidad de las personas como fundamento de un Estado constitucional democrático de derecho, “pues es la base de una convivencia civilizada, tolerante y plural”.

En su turno, el diputado Pedro Vázquez González (PT) coincidió con el contenido de la reforma “en el sentido de que deben legalmente generarse herramientas eficientes y suficientes para prevenir y combatir la discriminación, así como eliminar los obstáculos que limitan el desarrollo de las personas y promover la participación de las autoridades de los demás órdenes de gobierno”.

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