26-04-2012.- La Comisión de Pesca aprobó un dictamen por el que se reforma la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a fin de regular e inducir las actividades de acuacultura llevadas a cabo en las regiones del país con el propósito de garantizar su productividad, funcionalidad y protección del medio rural.

El dictamen que modifica los artículos 17, 82 y 84 de dicha ley, establece que las entidades federativas deberán establecer planes de desarrollo regional en la materia, con el apoyo del Gobierno Federal que fungirán como instrumentos de planeación.

Estos planes deberán contemplar como eje rector la orientación de la acuacultura bajo un esquema de producción sustentable, cuidando la conservación y cultivo de especies nativas.

Se establecerán metas cuantificables en periodos de tres a seis años que permitan observar el crecimiento en la producción de especies nativas y su impacto en los mercados regionales.
Señala que la Carta Nacional Acuícola deberá contener los planes de ordenamiento acuícola, los cuales irán acompañados de especificaciones sobre los sistemas de información geográfica y programas de monitoreo ambiental empleados en su elaboración.

Dichos programas de monitoreo ambiental deberán arrojar información, de ser el caso, del impacto sobre los ecosistemas de la pesca selectiva, de la introducción de fauna exótica y de la monoexplotación.

El documento precisa que en la aplicación de los programas y los instrumentos que se deriven de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables se dé prioridad, en el ordenamiento de la acuacultura, al cultivo de especies nativas sobre las exóticas.

También aprobó otro dictamen por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de Aguas Nacionales, por el que se define a la acuacultura rural como el cultivo de flora y fauna acuáticas, en el que se emplean tecnologías simples de bajos costos con producciones a menor escala desarrollada principalmente en poblaciones rurales en aguas interiores o litorales.

En cuanto a la Ley de Aguas Nacionales se incorpora a los titulares o poseedores de granjas acuícolas para que dispongan del derecho de explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales que se les hubiesen concesionado en los términos.

Que los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de agua para fin acuícola se podrán transmitir en los términos y condiciones establecidas en dicha ley.

El dictamen adiciona la fracción IV Bis al artículo 4 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y se reforman los artículos 48 y 49 de la Ley de Aguas Nacionales.
Posteriormente la comisión aprobó cuatro dictámenes con punto de acuerdo, uno de ellos, exhorta los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de la Comisión Nacional de Pesca para que fomenten el consumo de productos marinos, así como llevar a la población productos de calidad a bajos precios.

Otro por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de SAGARPA y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca implementen la operación del Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola (PROMAR).

Uno más exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de SAGARPA-INAPESCA publique los resultados de la investigación sobre la especie del “pepino del mar” en la Carta Nacional Pesquera, a fin de conocer su situación actual; además de expedir los permisos de pesca comercial de dicha especie a los pescadores ribereños organizados en la península de Yucatán.

Se aprobó otro dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a SAGARPA, para que a través del CONAPESCA se impulse el desarrollo técnico de la camaronicultura en Nayarit.

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